Riesgos laborales: Control de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas

Guía de Riesgos laborales sobre Control de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas

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PLANTEAMIENTO GENERAL
Un análisis del nivel de cumplimiento de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales señala graves deficiencias en el mismo
causadas por su propio desconocimiento, principalmente a nivel
de pequeñas empresas, y por un cumplimiento meramente
formal de la misma que trae consigo una excesiva
burocratización en su aplicación y una total ineficacia respecto a
la consecución de los objetivos previstos en la Ley de facilitar a
las empresas instrumentos de gestión que impulsen y
desarrollen la actividad preventiva.
Ello hace necesario reorientar la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social respecto al cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales, de forma que se
incida de forma prioritaria en el control de la gestión de la
prevención de riesgos laborales a través de la fiscalización del
cumplimiento de las obligaciones instrumentales de la Ley,
como son la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y
la existencia de una organización preventiva adecuada a los
riesgos existentes y su distribución en la empresa, así como en
el control del cumplimiento del derecho de participación de los
trabajadores.
El nivel de los incumplimientos detectados y el cumplimiento, en
muchos casos, puramente formal, así como la necesidad de una
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como
Sistema exige el establecimiento de unos criterios mínimos
comunes para la determinación de deficiencias críticas, junto a
unos protocolos de actuación que homogeneicen la actividad
inspectora, sin perjuicio de la estricta independencia técnica del
inspector actuante.
El transcurso de varios años desde la entrada en vigor del
nuevo marco jurídico de prevención de riesgos laborales, puso
de manifiesto una deficiente incorporación del nuevo modelo
preventivo y una falta de integración de la prevención en las
empresas, que se evidencia en ocasiones en un cumplimiento
más formal que eficiente de la normativa. Fruto de esta
preocupación y del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de 30
de diciembre de 2002, se aprobó la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. A través de la misma, se introducen
determinadas modificaciones tanto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, como en el Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Estas
modificaciones, unidas a la aprobación del RD 171/2004, por el
que se desarrolla el artículo 24 LPRL, han aconsejado modificar
la presente guía explicativa, así como el correspondiente
cuestionario.
El protocolo de actuación incluye un cuestionario con preguntas
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que se
consideran en cada apartado. Junto a cada pregunta, la norma
sustantiva que establece la obligación, en algunos casos de
forma amplia y remitiéndose a disposiciones específicas, y el
precepto tipificador de la Infracción. Además, en cada pregunta,
casillas con las claves que se indican para señalar las
comprobaciones efectuadas y las actuaciones a que han dado
lugar.
El protocolo ha pretendido ser reducido al máximo posible y se
refiere al control de los instrumentos de gestión (evaluación de
riesgos, planificación preventiva, organización preventiva y
auditoría de prevención), al control de la consulta y participación
de los trabajadores y al control de la coordinación de actividades
empresariales en el supuesto de coincidencia de varias empresas en un centro de trabajo.
En el caso del control de los instrumentos de gestión, las
preguntas del cuestionario van dirigidas no solo a verificar el
cumplimiento de la obligación, sino a identificar los supuestos de
cumplimiento formales o aparentes.
El cuestionario se inicia con la evaluación de riesgos, que va a
dar lugar a las restantes obligaciones instrumentales, siendo
fundamental en todo el proceso de gestión de la prevención en
la empresa pues va a condicionar la planificación preventiva y la
propia organización preventiva. El control de su estricto
cumplimiento en toda su amplitud se hace imprescindible.
La guía de actuación que se desarrolla a continuación contiene
unos mínimos comentarios asociados a cada una de las
preguntas, unos más extensos según la problemática detectada
en su cumplimiento por las empresas, dirigidos a establecer
unos criterios mínimos de exigencia amparados por la propia
normativa para determinar el cumplimiento o incumplimiento de
cada una de las cuestiones planteadas. La guía no pretende ser
exhaustiva sino, al contrario, solo considerar unos mínimos
comunes en el control por Sistema de Inspección sin perjuicio
de que, en los casos que se considere oportuno por el inspector
actuante, se profundice en todo lo que sea necesario.
1.
EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 1.1. El Plan de Prevención de Riesgos debería contener los
siguientes elementos:
a)
Determinación de compromisos y objetivos, que deberán estar integrados con el resto de objetivos de la
empresa.
b)
Las prácticas, los procedimientos y los procesos. c)
La descripción de la estructura organizativa de la empresa, que incluirá:

La determinación y/o constitución de la modalidad
organizativa necesarios
para actividades preventivas.

Los nombramientos responsabilidades en materia de prevención
de riesgos laborales (que incluirá la definición
de funciones y recursos, así como las
necesidades de capacitación formativa).

La articulación de los mecanismos de participación y consulta.

Antes de la implantación del Plan de Prevención, la empresa deberá haber resuelto
la capacitación de las personas vinculadas con
la prevención.
Para la elaboración del Plan de Prevención por el empresario,
se
podrá contar con asesoramiento especializadas.
El plan de prevención deberá estar documentado y ser asumido
por el empresario.
de los recursos de
el
desarrollo las de
personas con de
entidades
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CONTROL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 2.1 La evaluación de riesgos debe ser realizada por un Servicio
de Prevención ajeno acreditado por la Autoridad Laboral o por
personal propio de la empresa. En este último supuesto deberán
tener capacidad y formación adecuada según el Cap. VI del
Reglamento de los Servicios de Prevención. Si bien el algunos
supuestos elementales el RSP permite que el evaluador tenga
formación básica (art. 35), lo normal es que la formación del
evaluador sea de grado intermedio (art. 36) y en aquellos
supuestos en que haya uso o presencia de agentes físicos,
químicos o biológicos, equipos de trabajo o necesidad de
evaluaciones ergonómicas se necesita el grado superior (art.
37).
2.2 La evaluación de riesgos debe incluir todas las tareas y
procedimientos que se realicen en el puesto de trabajo.
Importante comprobar si se evalúan operaciones o actividades
marginales, complementarias, no habituales, ante fallos en el
proceso o equipos, etc. La evaluación deberá incluir también la
evaluación general de los lugares e instalaciones comunes al
trabajo (condiciones constructivas, servicios de aseo y locales
de descanso, etc).
Los riesgos identificados deben estar suficientemente descritos
con la adecuada precisión, indicando cual es su causa concreta.
Por ejemplo no se debe mencionar únicamente riesgo de
atrapamiento en una máquina, sino que debe indicar con
exactitud donde, en que circunstancias y porqué de la existencia
del riesgo (falta de cubierta protectora en un extremo del equipo,
al que accede el trabajador en determinados casos, por
ejemplo).
2.3 Para identificar los riesgos generales de seguridad, la
evaluación deberá constatar la realidad objetiva con las
disposiciones mínimas de los RR.DD sobre Lugares de Trabajo
y Equipos de Trabajo. El incumplimiento del contenido de esas
disposiciones mínimas determinará la identificación del peligro y
el establecimiento del nivel de riesgo.
Respecto a los Lugares de trabajo, seguridad estructural; espacios de trabajo; condiciones de suelos, vías de circulación,
escaleras, etc; instalación eléctrica; protección contraincendios;
condiciones ambientales (temperatura, humedad, ventilación,
iluminación); Servicios higiénicos y locales de descanso;
señalización de seguridad.
Respecto a los equipos de trabajo, la identificación y valoración
del riesgo necesariamente debe estar asociada a la conformidad
del mismo con los requisitos del R.D. 1215/97. Ello exige el
cumplimiento de los anexos referidos tanto a condiciones
mínimas exigibles en función de la antigüedad del equipo, como
a las condiciones de utilización. No sería admisible una
evaluación de un equipo de trabajo realizada por un Servicio de
Prevención ajeno que, en su concierto de la actividad preventiva
con la empresa, excluye la conformidad de los equipos con el
R.D. 1215/97.
El riesgo una vez identificado debe ser valorado y dar lugar a un
nivel de riesgo. La gravedad del riesgo se determinará en
función de la probabilidad del daño (carácter y tiempo de
exposición, información y formación del trabajador, etc) y la
magnitud del daño posible (art. 4 LPRL).
2.4 La identificación y valoración de los riesgos de higiene
industrial (agentes físicos y químicos) exige no solo la
identificación cualitativa, sino la determinación cuantitativa
(intensidad o concentración) pues la valoración exige comparar
la cantidad detectada en el ambiente con un valor límite de
referencia. Muy importante al efecto el R.D. 374/2001 sobre
Agentes Químicos.
2.5 En el supuesto de evaluaciones ergonómicas solo se
consideran los supuestos más comunes que deben ser objeto
de exigencia de la valoración de las condiciones ergonómicas
en la evaluación de riesgos.
2.6 Para valorar el nivel de riesgos es fundamental que la
evaluación valore la idoneidad de los trabajadores para ocupar
el puesto de trabajo y afrontar esos riesgos. La evaluación no
debe limitarse a incluir un listado nominativo de trabajadores,
sino
que deberá analizar información/formación, conocimiento del procedimiento de
trabajo o instrucciones del fabricante del equipo de trabajo, así
como a determinar si son trabajadores de colectivos objeto de
sus
condiciones de
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sensibles, temporales, ETT, etc).
2.7 La evaluación como instrumento de gestión del empresario,
que determina la necesidad de tomar una medida preventiva,
debe concluir, una vez identificado el puesto de trabajo, tarea o
procedimiento y el nivel de riesgo, con la indicación de la
medida preventiva concreta para controlar o eliminar el riesgo
(art. 3 RSP). Estas medidas preventivas pueden ser de diferente
naturaleza (técnicas, organizativas, de formación/información,
de control periódico de las condiciones de trabajo). Pero deben
ser siempre concretas y precisas, dado el carácter de la
evaluación de riesgos y su definición como instrumento de
gestión. No son admisibles las remisiones genéricas al
cumplimiento de la normativa vigente.
2.8
a) La evaluación de riesgos deberá ser revisada con ocasión de la adquisición y puesta en funcionamiento de
nuevos equipos de trabajo, de acuerdo con el artículo
16.2 a) de la Ley 31/1995 y artículo 4.2 a) RD 39/1997.
b)
La evaluación de riesgos deberá ser revisada siempre que se incorporen al proceso productivo nuevas
sustancias o compuestos químicos, de acuerdo con el
artículo 16.2 a) de la Ley 31/1995 y artículo 4.2 a) del
RD 39/1997.
c)
La evaluación de riesgos deberá ser revisada siempre que se incorporen nuevas tecnologías a los procesos
de producción, de acuerdo con el artículo 4.2 a) RD
39/1997.
d)
La evaluación de riesgos laborales deberá ser revisada con ocasión del acondicionamiento de los lugares de
trabajo, de acuerdo con el artículo 4.2 a) RD 39/1997.
e)
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo, de conformidad con el artículo
16.2 a) de la Ley 31/1995 y el artículo 4.2 b) RD
39/1997.
f)
La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan
especialmente sensible a las condiciones del puesto, es
motivo de revisión de la evaluación, conforme artículo
4.2 c) de la Ley 31/1995.
g)
Asimismo, será revisada la evaluación de riesgos, en todo caso, con ocasión de los daños para la salud que
se hayan producido. Para ello se tendrán en cuenta los
resultados de:

La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido.

Las actividades para la reducción de los riesgos (medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de
protección individual, o de formación e
información a los trabajadores).

Las actividades para el control de los riesgos (control periódico de las condiciones, la
protección
(maternidad, jóvenes, especialmente organización, los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores).
El análisis de la situación epidemiológica según los
datos aportados por el sistema de información
sanitaria u otras fuentes disponibles.
h)
Se revisará la evaluación de riesgos cuando los controles efectuados, incluida la vigilancia de la salud,
detecten que las actividades preventivas pueden ser
inadecuadas o insuficientes. Para ello, deberán tenerse
en cuenta los resultados de las actividades señalada en
el apartado 9 de esta guía. Todo ello en función de lo
dispuesto en el artículo 16.2 a) de la Ley 31/1995 y
artículo 6 del RD 39/1997.
i)
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 del RD 39/1997, la evaluación inicial de riesgos deberá
revisarse cuando así lo establezca una disposición
específica. Sirvan de ejemplo, las evaluaciones
periódicas que indica el artículo 3.1.3º del RD
1316/1989, sobre protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido.
j)
Deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta,
en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de
los elementos que integran el proceso productivo.

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CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 3.1 El cumplimiento de la obligación de la planificación supone
no solo la presentación de la propuesta de planificación
preventiva elaborada por el Servicio de Prevención ajeno, sino
que la planificación sea asumida por la empresa estableciendo
recursos, plazos, responsables y seguimiento y control del
cumplimiento de la misma.
3.2 De acuerdo con el contenido mínimo del RSP debe
concretar los recursos humanos para desarrollar la planificación
(ejecución y control de objetivos y cumplimiento) y materiales
(presupuesto, coste de materiales e instalación, etc).
Se trata de verificar que la empresa ha asumido el cumplimiento
progresivo de realización de las obligaciones preventivas que se
deducían de la evaluación de riesgos, conforme al calendario
paulatino establecido previamente.
3.3 A veces es presentada en documento diferenciado, pero si
incluye los mínimos del art. 20 de la LPRL es admisible. De
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley
31/1995, la planificación de las medidas de emergencia, incluirá:

Primeros auxilios –
Actuación frente a emergencias –
Evacuación de trabajadores Asimismo, se debe incluir la relación de personas encargadas
de cada uno de estos aspectos, la forma de comprobación
periódica del funcionamiento de las medidas de emergencia,
constatándose que todos los implicados son conocedores de
sus obligaciones, el material necesario, la formación necesaria
para cada colectivo, y la organización de las relaciones con
organismos externos que colaboren en caso de emergencia.
En definitiva, debe considerarse la necesidad de ejecución del
Plan de Emergencia (conocimiento por los afectados,
designación de trabajadores para los equipos de intervención,
etc).
3.4 Ello precisa que la planificación especifique como se ha
organizado la información sobre los riesgos laborales y las
medidas preventivas a cada trabajador respecto a su puesto de
trabajo. También que incluya un Plan de formación que debe
contener: cursos impartir, calendario y trabajadores afectados.
Debe señalarse que tanto la LPRL (art. 23), como el RSP (art. 7)
exigen que haya una constancia documental de la planificación
y, de acuerdo con su contenido establecido en el art. 9 RSP,
debe incluir la información sobre los riesgos y la formación.
3.5 En función del nivel de riesgo las prioridades de las
medidas preventivas y el establecimiento de plazos para su
ejecución. No se pueden establecer criterios para la dimensión
de los plazos, si bien deben estar en relación directa con el nivel
de riesgos. Desde el riesgo trivial (no hay que tomar medidas)
hasta el riesgo intolerable (asociado a riesgo grave e inminente,
debe paralizarse el trabajo hasta que se tome la medida
preventiva). Una vez que la empresa asume la planificación y
establece plazos debe cumplirlos, al menos como regla general,
y su incumplimiento determina una infracción a lo dispuesto en
el art. 16.2 b) LPRL, tipificada en el art. 12.1b) de la LISOS.
El RSP exige también que la planificación incluya un procedimiento de control del cumplimiento de la misma.
La planificación puede referirse a un período superior al año, si
bien en ese caso debe efectuarse un programa anual.
3.6 De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, la
medida preventiva, incluida en la planificación preventiva
asumida por la empresa, se convierta en una obligación para la
misma.
4.
CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA. 4.1 Toda empresa debe disponer de una organización
preventiva. Solo estarían liberadas de dicha obligación las
empresas sin riesgos o con los riesgos controlados, aún con
dudas en este último supuesto, dado la obligación de una acción
permanente de perfeccionar los niveles de protección existentes
(art. 14.2 LPRL). La organización puede ser a través de
recursos propios (trabajadores designados con funciones
específicas encomendadas por la empresa y con formación
adecuada a dichas funciones o Servicio de Prevención propio) o
recursos ajenos (concierto con Servicio de Prevención con
acreditación por la Autoridad Laboral). No es admisible el
concierto o colaboración con profesionales externos.
Es posible la combinación en la utilización de recursos propios o
ajenos.
4.2 La organización preventiva de la empresa debe ser
adecuada a las necesidades preventivas de la misma. La
necesidad de realizar la evaluación, su actualización preceptiva,
las actividades de ejecución y control de la planificación
preventiva, la necesidad de efectuar inspecciones periódicas de
seguridad o de puntos críticos, la dispersión de los puestos o
centros de trabajo son factores a considerar a la hora de
analizar la adecuación de la organización preventiva. En el
supuesto de la actividad preventiva con un Servicio de
Prevención ajeno, deberán analizarse en profundidad los
términos del concierto y el cumplimiento del mismo. Cuando la

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empresa utilice recursos propios, las órdenes dadas por la
empresa para el desarrollo de la actividad (recursos,
actividades, medios, tiempo) y la actividad real en los mismos.
No cabe admitir como organización preventiva adecuada,
cuando se refiera a un concierto externo total, que la actividad
se haya limitado a una evaluación de riesgos genérica o
incompleta y a una propuesta de planificación, sin prever su
seguimiento y control. Tampoco, respecto a los recursos
propios, cuando no tienen asignadas funciones o no tienen
capacidad (formación mínima) para realizarlas. Iguales
consideraciones caben hacerse respecto a la organización
preventiva
a través de un mancomunado.
4.3 El artículo 16.1 de la LPRL exige controles periódicos para
detectar situaciones potencialmente peligrosas (en el sentido del
art.4) como resultado de la evaluación de riesgos. Estos
controles deben exigirse en supuestos de riesgos con un
determinado nivel de riesgo o de trabajadores con poca
formación/información, bajo nivel de percepción de los riesgos,
falta de metodologías específicas de trabajo en operaciones de
especial riesgo, frecuentes incumplimientos de las normas de
seguridad, etc.
4.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis LPRL,
introducido por la Ley 54/2003, la presencia en el centro de
trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria
en los siguientes casos:
a)
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
b)
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos
o con riesgos especiales (en el momento de elaboración
de la presente guía está pendiente el citado desarrollo
reglamentario).
c)
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas (en relación con este
supuesto debemos consultar el CTI 39/2004, sobre
presencia de recursos preventivos a requerimiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
Respecto de las obras de construcción deberá tenerse presente
la disposición adicional 14ª LPRL.
5.
CONTROL DE LA AUDITORÍA DE PREVENCIÓN. Servicio
de Prevención 5.1 Puede exigirse siempre que la empresa realice actividades
preventivas con recursos propios valorando la entidad de estas
actividades. Como primera actuación, su exigencia podría
limitarse a empresas en las que se den las circunstancias de
siniestralidad por encima de su sector de actividad, centros de
trabajo dispersos, etc y se tengan dudas sobre su organización
preventiva. La exigencia debería aplazarse a que la empresa tenga la evaluación de riesgos y se haya cumplido el plazo de 1
año para el desarrollo de la planificación preventiva.
6.
CONTROL DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
6.1 La participación de los trabajadores en la evaluación exige
su conocimiento previo sobre la metodología, la intervención, en
el caso de que así lo deseen, de los Delegados de Prevención
en su realización y el conocimiento del resultado o informe
general de la evaluación. En el supuesto de no entrega, por
parte de la empresa, de copia de la misma deberá acreditarse si
la disponibilidad de la evaluación, por parte de los Delegados de
Prevención, es suficiente.
6.2 La planificación preventiva debe ser conocida por los
Delegados de Prevención. El diseño último de la misma
(recursos, plazos, prioridades, seguimiento, Programa anual)
debe ser debatido con los Delegados de Prevención (en el
Comité de Seguridad y Salud en el caso de estar la empresa
obligada al mismo).
6.3 Con carácter previo a la decisión de la empresa de su
modelo organizativo debe ser objeto de consulta con los
Delegados de Prevención. Esto no solo con relación a la
constitución de un Servicio Mancomunado, sino con carácter
general ante cualquier modelo de organización con recursos
propios o ajenos.
Respecto a todas las materias consideradas en los artículos
señalados en el cuestionario.
6.4 De gran importancia controlar el cumplimiento de dicha
obligación, con el fin de impulsar el modelo de participación
equilibrada establecido en la Ley.
7.
CONTROL DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
7.1 Las obligaciones de coordinación van desde la cooperación
a nivel horizontal entre empresas, cuando coinciden en un
centro de trabajo y no hay relaciones de dependencia entre
ellas, hasta cuando existe, entre una empresa principal y sus
subcontratas de la misma actividad y entre la empresa titular del
centro de trabajo y las que realizan actividades en el mismo.

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Será necesario controlar con especial cuidado el cumplimiento
de las obligaciones de la empresa titular del centro de trabajo de
dar información a las empresas que realicen actividades en su
centro sobre los riesgos y sus medidas preventivas y sobre el
Plan de Emergencia. Como señala el art. 24.2 de la LPRL,
además de la información deberán facilitar a las empresas
instrucciones adecuadas en relación con estas materias. El
cumplimiento de la obligación no debe limitarse a una entrega
de una evaluación de riesgos genérica e inespecífica por
ejemplo.
A tal efecto, será preciso atender a lo dispuesto en el RD
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

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