Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.

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Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 272, de 13 de noviembre de 1997
Referencia: BOE-A-1997-24163
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 22 de noviembre de 2005
La Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social, mediante la reforma del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, plasma una serie de
medidas concretas que afectan, por una parte, a los aspectos financieros del sistema –
separación de fuentes de financiación, constitución de reservas, establecimiento gradual de
un tope único de cotización- y, por otra, a la acción protectora, en especial, a las pensiones
de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad.
Se hace necesario abordar, con carácter inmediato, el desarrollo reglamentario de
algunas de las reformas introducidas en materia de prestaciones, para facilitar su aplicación,
detallando y aclarando aquellos aspectos que se derivan de las modificaciones incorporadas
a la Ley. Por otro lado, como es evidente, en el presente Real Decreto no se recogen las
materias cuya concreción se remite a futuras negociaciones o consultas con los agentes
sociales, como el régimen de incompatibilidades de las pensiones de incapacidad
permanente o el tope de cobertura de las pensiones contributivas.
En la elaboración del presente Real Decreto se ha procurado paliar la dispersión
normativa existente en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, de forma que, en la
medida de lo posible, las adaptaciones normativas necesarias se han llevado a cabo a través
de una nueva redacción de los preceptos reglamentarios afectados.
En su virtud, en base a las facultades contenidas en la disposición final séptima de la Ley
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 31 de octubre de 1997,
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D I S P O N G O :CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones establecidas en el presente Real Decreto serán de aplicación a todos
los Regímenes del sistema de la Seguridad Social, sin más particularidades que las que
expresamente se indican.
CAPÍTULO IIPensión de jubilación
Artículo 2. Período mínimo de cotización.
1. El período mínimo de cotización exigible para causar derecho a la pensión de
jubilación será de quince años, de los cuales, al menos dos, deberán estar comprendidos
dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
2. En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de
alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el periodo de los dos años a que se refiere
el apartado anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años anteriores a la
fecha en que cesó la obligación de cotizar.
Artículo 3. Requisitos para causar la pensión sin alta.
1. Los trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social, que no estén en alta o en
situación asimilada al alta en el momento del hecho causante, tendrán derecho a la pensión
de jubilación siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido sesenta y cinco años.
b) Haber cubierto el periodo mínimo de cotización establecido en el apartado 1 del
artículo anterior.
2. En los supuestos previstos en este artículo, se considerará producido el hecho
causante el día de presentación de la solicitud.
Artículo 4. Determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación.
1. La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el
cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los
ciento ochenta meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho
causante.
El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a las
siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final del
presente apartado:
1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquel en que se
produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal.
2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que
haya experimentado el Índice de Precios al Consumo desde el mes a que aquéllas
correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases
no actualizables a que se refiere la regla anterior.
Br = [ ∑i=1..24 Bi + ∑i=25..180 Bi × (I25 / Ii) ] / 210
Siendo:
Br = Base reguladora
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al hecho causante.
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Ii = Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al del hecho causante.Siendo i = 1, 2, …, 180
2. Para el cálculo de la base reguladora, no se tendrán en cuenta aquellas cantidades
que, aun habiendo sido ingresadas dentro del periodo computable, correspondan a meses
distintos de los comprendidos en él.
3. En los casos en que el último mes en alta se cotice íntegro, se computará por entero a
efectos de determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, aun cuando el hecho
causante se hubiera producido con anterioridad a la finalización de dicho mes.
4. Para el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores incluidos en el Régimen
General y en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, y de los trabajadores por cuenta
ajena incluidos en el Régimen Especial Agrario y en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base
reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar,
dichas lagunas se integrarán, a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con la base mínima
de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de dieciocho
años.
La no existencia de la obligación de cotizar a que se refiere el párrafo anterior abarcará
tanto a las situaciones de alta o asimiladas al alta para las que no se exija tal obligación,
como a aquellas otras situaciones en que no hubiera existido la obligación de cotizar por no
encontrarse el trabajador en alta o situación asimilada.
5. En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de
alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, así como cuando el interesado no se
encuentre, en el momento del hecho causante, en alta o situación asimilada al alta, se
aplicará lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. En consecuencia, los meses
computables para la determinación de la base reguladora serán los inmediatamente
anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante.
Artículo 5. Cuantía de la pensión.
La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará
aplicando a la respectiva base reguladora, el porcentaje que resulte, en función de los años
de cotización, según la escala siguiente:
Años de cotización
Porcentajede la base reguladora
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77
80
82
84
86
88
90
92
94
96
A los quince años
A los dieciséis años
A los diecisiete años
A los dieciocho años
A los diecinueve años
A los veinte años
A los veintiún años
A los veintidós años
A los veintitrés años
A los veinticuatro años
A los veinticinco años
A los veintiséis años
A los veintisiete años
A los veintiocho años
A los veintinueve años
A los treinta años
A los treinta y un años
A los treinta y dos años
A los treinta y tres años
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Años de cotizaciónPorcentajede la base reguladora
98
100
A los treinta y cuatro años
A los treinta y cinco años o más
CAPÍTULO III
Prestaciones de incapacidad permanente
Artículo 6. Beneficiarios mayores de sesenta y cinco años.
(Derogado)
Artículo 7. Nueva denominación de las pensiones de incapacidad permanente, en
determinados supuestos.
1. Las pensiones de incapacidad permanente del sistema de la Seguridad Social, cuando
sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse
pensiones de jubilación. La nueva denominación, que también será aplicable a las pensiones
reconocidas en el supuesto a que se refiere el aparta do 2 del artículo anterior, no implicará
modificación alguna, respecto de las condiciones de la prestación que se viniese
percibiendo.
2. La nueva denominación de las pensiones de incapacidad permanente no alterará el
régimen jurídico de las prestaciones que puedan derivarse de aquéllas.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, con independencia de sus
normas particulares sobre prestaciones, en relación con la cuantía de la pensión de los
inválidos absolutos y grandes inválidos al cumplir la edad de jubilación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y
desarrollo del Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial
de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, en la redacción dada por la Orden de 8
de abril de 1986, por la que se modifica dicho artículo.
CAPÍTULO IV
Prestaciones de muerte y supervivencia
Artículo 8. Cuantías mínimas de las pensiones de viudedad.
1. Las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad, para beneficiarios menores de
sesenta años, que tengan cargas familiares y cuyas rentas no excedan del límite de ingresos
que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado,
para el reconocimiento de los complementos para las pensiones inferiores a la mínima, se
equipararán a los importes fijados para beneficiarios con edades comprendidas entre los
sesenta y sesenta y cuatro años.
2. A estos efectos, se entenderá por cargas familiares la convivencia del beneficiario con
hijos menores de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos, cuando la
renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, dividida por el número de miembros
que la componen, no supere en cómputo anual el 75 por 100 del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Se considerarán como rendimientos computables cualesquiera bienes y derechos,
derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional. Los
rendimientos indicados se tomarán en el valor percibido en el ejercicio anterior a aquél en
que deban aplicarse los complementos a que se refiere el apartado precedente, debiendo
excluirse los dejados de percibir como consecuencia del hecho causante de las
prestaciones, así como aquéllos que se pruebe que no han de ser percibidos en el ejercicio
en que deban aplicarse los referidos complementos.
3. Todo beneficiario estará obligado a presentar ante la entidad gestora que
corresponda, en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se produzcan,
comunicación debidamente acreditada de cuantas variaciones hubieran tenido lugar en su
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situación familiar o económica, que puedan suponer el nacimiento o la extinción del derecho al complemento por mínimos establecido en el apartado 1 de este artículo.
Asimismo, vendrá obligado a presentar declaración expresiva de los ingresos tanto
propios como de los miembros de la unidad familiar a que se refiere el apartado anterior, a
efectos de determinar la subsistencia de las cargas familiares. Esta declaración deberá
presentarse antes del 1 de marzo de cada año.
Artículo 9. Beneficiarios de la pensión de orfandad.
1. Tendrán derecho a la pensión de orfandad cada uno de los hijos del causante,
cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, siempre que, a su fallecimiento, sean
menores de dieciocho años o tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje
valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Asimismo, cuando al fallecer el causante se encontrase en alta o en situación asimilada
al alta, será exigible que hubiera completado un periodo de cotización de quinientos días
dentro de los cinco años anteriores a la fecha del fallecimiento. Si la causa de éste fuese un
accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún periodo
previo de cotización.
2. En los casos en que el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta
ajena o propia o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga, en cómputo anual, resulten
inferiores al 75 por 100 de la cuantía del salario mínimo que se fije en cada momento,
también en cómputo anual, se podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que,
al fallecer el causante, sea menor de veintidós años de edad, o de veinticuatro años si no
sobreviviera ninguno de los dos padres.
Reconocido el derecho a la pensión de orfandad o prolongado su disfrute, la pensión
quedará en suspenso cuando los beneficiarios, mayores de dieciocho años, concierten un
contrato laboral en cualquiera de sus modalidades o efectúen un trabajo por cuenta propia,
siempre que los ingresos derivados del contrato o de la actividad de que se trate superen el
límite señalado en el párrafo anterior, o cuando los ingresos del trabajo que se viniese
efectuando superen el límite indicado. La suspensión tendrá efectos desde el día siguiente a
aquél en que concurra la causa de la suspensión.
Lo previsto en el párrafo anterior, será también de aplicación en los casos en que, con
anterioridad al cumplimiento de los dieciocho años, se viniese percibiendo la pensión de
orfandad y el huérfano viniese realizando un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia,
cuando los ingresos superen el límite previsto en el párrafo primero. En estos supuestos, la
suspensión tendrá efectos en la fecha del cumplimiento de los dieciocho años. Para la
determinación de los ingresos, en ningún caso se tendrán en cuenta los obtenidos por el
huérfano antes de que se cumplan los dieciocho años.
El derecho a la pensión se recuperará cuando se extinga el contrato de trabajo, cese la
actividad por cuenta propia o, en su caso, finalice la prestación por desempleo, incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad o, en los supuestos en que se continúe
en la realización de una actividad o en el percibo de una prestación, cuando los ingresos
derivados de una u otra no superen los límites señalados en el párrafo primero. La
recuperación tendrá efectos desde el día siguiente a la fecha de extinción del contrato de
trabajo, el cese en la actividad o a la finalización de la percepción de la correspondiente
prestación, o de aquél en que se modifique la cuantía de los ingresos percibidos por uno u
otras, siempre que se solicite dentro de los tres meses siguientes a la indicada fecha. En
caso contrario, la pensión recuperada tendrá una retroactividad máxima de tres meses, a
contar desde la solicitud.
Cuando en los supuestos indicados en los párrafos anteriores, los ingresos percibidos en
el año por el huérfano fuesen superiores al límite señalado en el párrafo primero, la
recuperación de la pensión se producirá el día primero del año siguiente, siempre que en
dicha fecha se sigan cumpliendo los requisitos exigidos.
Si al finalizar el ejercicio económico, los ingresos percibidos por el beneficiario hubiesen
sido, en cómputo anual, inferiores al límite previsto en el párrafo primero, se abonará la
pensión, por el tiempo no percibido, desde el día primero de enero de dicho ejercicio o desde
la fecha en que se suspendió dicha pensión, de ser esta última posterior, siempre que se
solicite en el plazo de los tres primeros meses del año siguiente. En otro caso, el período de
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percepción se reducirá en tantos días como se haya demorado la presentación de la solicitud.
3. De igual forma tendrán derecho a la pensión de orfandad los hijos, cualquiera que sea
la naturaleza legal de su filiación, que el cónyuge supérstite hubiese llevado al matrimonio,
cuando, junto con los requisitos generales, concurran las siguientes condiciones especiales:
a) Que el matrimonio se hubiese celebrado con dos años de antelación a la fecha del
fallecimiento del causante.
b) Que se pruebe que convivían con el causante y a sus expensas.
c) Que no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares
con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.
Artículo 10. Compatibilidad y opción.
1. La pensión de orfandad de beneficiarios menores de dieciocho años o que tengan
reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez, será compatible con cualquier renta de trabajo del
cónyuge superviviente o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de
viudedad que aquél perciba.
2. La pensión de orfandad de beneficiarios mayores de dieciocho años, no
incapacitados, será compatible con cualquier renta del trabajo del cónyuge superviviente, o
del propio huérfano, en los términos que se indican en el apartado 2 del artículo 9 de este
Real Decreto, así como, en su caso, con la pensión que aquél perciba.
3. Los huérfanos que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado
en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, con derecho a pensión de
orfandad y perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad,
podrán optar entre una y otra.
Artículo 11. Abono de la pensión de orfandad.
La pensión de orfandad se abonará:
a) En el caso de beneficiarios menores de dieciocho años, a quienes los tengan a su
cargo, en tanto cumplan la obligación de mantenerlos y educarlos.
Cuando la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la
protección de los menores, constate que el huérfano se encuentra en situación de
desamparo por incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes, la entidad gestora adoptará las medidas oportunas para que la
pensión se abone a quien quede atribuida la guarda del menor, en los términos previstos en
el Código Civil.
b) En el caso de beneficiarios mayores de dieciocho años, directamente al beneficiario,
salvo que se trate de mayores incapacitados judicialmente, en cuyo caso se abonaría la
pensión conforme a lo indicado en el párrafo a).
Disposición adicional única. Extinción de la pensión de orfandad.
Se modifica el párrafo a), apartado 1, artículo 21, sobre extinción de la pensión de
orfandad, de la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General
de la Seguridad Social, que queda redactada de la siguiente manera:
«a) Cumplir la edad máxima fijada en cada caso de los previstos en el artículo
175 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, salvo que, en tal momento, tuviere
reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.»
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Disposición transitoria primera. Periodo mínimo de cotización y base reguladora de las pensiones de jubilación.
1. Durante 1997, el periodo de dos años de cotización, a que se refieren los apartados 1
y 2 del artículo 2 del presente Real Decreto, deberá estar comprendido dentro de los diez
años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, o a la fecha en que cesó
la obligación de cotizar, respectivamente.
2. La base reguladora prevista en el apartado 1 del artículo 4, se aplicará de forma
gradual del modo establecido en el apartado 1 de la disposición transitoria quinta del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio.
Disposición transitoria segunda. Cuantía de la pensión en determinados supuestos de
jubilación anticipada.
(Derogado)
Disposición transitoria tercera. Aplicación de legislación anterior para causar derecho a
pensión de jubilación.
1. Los trabajadores que, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 24/1997, de 15 de
julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, tuvieran cubiertos
todos los requisitos para causar derecho a cualquiera de las modalidades de jubilación
reguladas en la legislación precedente, pero que no hubieran cesado en su trabajo,
mantendrán la opción por aquel derecho en las mismas condiciones exigidas y con la
cuantía que les hubiera correspondido el día anterior a dicha fecha, aplicando para la
determinación de su importe las normas sobre revalorización que procedan.
2. En los supuestos de opción en favor de la aplicación de la legislación anterior a que se
refieren el apartado precedente, las cotizaciones efectuadas a partir de la entrada en vigor
de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social, no se computarán a efecto alguno para la determinación de la pensión de
jubilación, ni procederá su devolución.
3. Los derechos a pensión de jubilación causados y no ejercitados con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 24/1997, de 15 de julio, se reconocerán por la legislación anterior
a aquélla. No obstante, en estos supuestos y a opción de los interesados, podrá ser de
aplicación la Ley 24/1997, cuando aquéllos soliciten la jubilación, con posterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley, no estando los mismos en alta o en situación asimilada al
alta.
4. La opción prevista en los apartados 1 y 3 de esta disposición transitoria tendrá, en
todo caso, carácter irrevocable. A tal efecto, la entidad gestora ofrecerá a los interesados
con derecho a opción una información clara, acerca de los resultados que se derivan de la
aplicación de cada una de las legislaciones.
Disposición transitoria cuarta. Prestaciones de muerte y supervivencia.
1. La equiparación de las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad, a que se
refiere el apartado 1 del artículo 8, se llevará a cabo de modo gradual y en el plazo
establecido en la disposición adicional séptima bis del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
2. Los límites de edad determinantes de la condición de beneficiario de la pensión de
orfandad, previstos en el apartado 2 del artículo 9, se aplicarán paulatinamente en los
términos que se indican en la disposición transitoria sexta bis de la Ley General de la
Seguridad Social, a cuyo efecto se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.º Si el hecho causante de la pensión de orfandad es anterior a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social:
a) El derecho a la pensión se extinguirá al cumplimiento de los dieciocho años de edad,
si éste tiene lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, salvo que se
trate de personas incapacitadas para todo trabajo.
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b) El derecho a la pensión no se extinguirá al cumplimiento de los dieciocho años de edad, si éste tiene lugar con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley, en cuyo
caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente.
2.º Si el hecho causante de la pensión de orfandad es posterior a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social:
a) Durante 1997, el límite de edad para ser beneficiario será de diecinueve años, salvo
en el supuesto de inexistencia de ambos padres, en cuyo caso dicho límite será de veinte
años.
b) Durante 1998, el límite de edad para ser beneficiario será de veinte años, salvo en el
supuesto de inexistencia de ambos padres, en cuyo caso dicho límite será de veintiún años.
c) A partir de 1999, los límites de edad para ser beneficiario serán los establecidos en el
apartado 2 del artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social.
d) Una vez extinguido el derecho a la pensión por el cumplimiento de la edad límite fijada
en los párrafos anteriores de este apartado, no procederá un nuevo reconocimiento de la
prestación por el mismo hecho causante.
Disposición derogatoria única. Disposiciones que se derogan.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Real Decreto y expresamente:
a) Los artículos 27 y 37 y el anexo del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones
económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las
mismas.
b) Los artículos 4, 7, 8, 11 y el apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 18 de enero de
1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de
vejez en el Régimen General de la Seguridad Social.
c) Los artículos 16, 19 y 20 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y
supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social.
d) El artículo 2 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley
24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social.
e) Los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de
la Ley 26/1985, de 31 de julio, en la materia de racionalización de las pensiones de jubilación
e invalidez permanente.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo y aplicación.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas necesarias
para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», excepto lo dispuesto en el artículo 8, que entrará en vigor el 1
de enero de 1998.
Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997.
JUAN CARLOS R.El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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Este texto consolidado no tiene valor jurídico.Más información en info@boe.es
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