Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Ponemos a tu disposición la ley que regula <Protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos>,  en ella encontrarás todas las obligaciones y requisitos necesarios.

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autónomos 
no dudes de reflejarla en la zona de comentarios.

 

Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
«BOE» núm. 263, de 1 de noviembre de 2011
Referencia: BOE-A-2011-17173
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 10 de septiembre de 2015
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, define el trabajo
autónomo, establece el conjunto de los derechos individuales y colectivos de los
trabajadores autónomos, regula la figura del trabajador autónomo económicamente
dependiente, contempla las actuaciones de fomento del empleo autónomo y mejora el nivel
de protección social para el trabajador autónomo, tendiendo a la equiparación con el que
disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.
La -Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2007, de 11 de julio, dirige un mandato al
Gobierno para que elabore un proyecto de Ley que regule un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. El proyecto de Ley fue
elaborado y tramitado en las Cortes Generales, dando lugar a la aprobación de la Ley
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Sin embargo, esta Ley, que supone el mayor impulso de protección social realizado para
los trabajadores autónomos, necesita de un desarrollo reglamentario posterior, para articular
las reglas concretas de funcionamiento del sistema de protección por cese de actividad,
tanto en lo referente a los documentos a presentar por los trabajadores autónomos que se
vean en la situación de tener que cesar en la actividad, como en los procedimientos que
deben llevar a cabo los órganos gestores para el reconocimiento del derecho a la protección,
abono de las prestaciones reconocidas y control de las mismos.
Dicha Ley supone un hito histórico en materia de trabajo autónomo al otorgar un nivel de
protección a los trabajadores autónomos que de manera involuntaria hayan cesado su
actividad, equiparándose a los trabajadores por cuenta ajena beneficiarios de prestaciones
por desempleo. Configura una prestación, por cese de actividad, que estará en función de
los períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la
situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e
inmediatamente anteriores a dicha situación de cese.
La Ley 32/2010, de 5 de agosto, fue publicada en el «» el 6 de
agosto de 2010, con entrada en vigor en el mes de noviembre de dicho año. Dado que la
duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de
cotización efectuados a partir de los doce meses cotizados, a partir del mes de noviembre de
2011, comenzará a otorgarse dicha prestación para los primeros cotizantes, lo que implica la

necesidad de habilitar mecanismos eficaces de gestión de dicha prestación, que constituyen el objeto del presente real decreto.
Este real decreto consta de 32 –Artículos, encuadrados en cinco -CAPÍTULOs, más siete
-Disposiciones adicionales, una transitoria, y tres finales.
El -CAPÍTULO I desarrolla el objeto de protección contenido en la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, así como los requisitos para el nacimiento del derecho, las reglas especiales para la
situación legal de cese de actividad, así como las formas de acreditación de dicha situación
en sus diferentes motivaciones, determinantes para configurar y garantizar la protección del
trabajador autónomo.
El -CAPÍTULO II se refiere al régimen y dinámica de la protección por cese de actividad del
trabajador autónomo que supone desarrollar las reglas de solicitud y nacimiento del derecho
a la protección, abarcando la duración de la prestación económica y la cuantía de dicha
prestación económica. Se delimita el abono de la cotización de Seguridad Social durante la
percepción de la prestación por cese de actividad, así como la suspensión y reanudación del
derecho a la protección por cese de actividad, y las facultades de opción y reapertura del
mismo. Del mismo modo, se introducen los suficientes elementos de seguridad jurídica en la
dinámica de la protección que afecta a las situaciones de incapacidad temporal, maternidad
y paternidad.
El -CAPÍTULO III aborda el régimen financiero y de gestión del sistema de protección por
cese de actividad del trabajador autónomo.
La financiación de la protección se acometerá exclusivamente con cargo a la cotización
por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran protegida la cobertura
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Tesorería General de la
Seguridad Social procederá al reparto del importe de las cotizaciones diferenciando entre el
importe dirigido a cubrir los gastos originados por las prestaciones a abonar al trabajador
autónomo beneficiario y su cotización, y el destinado a financiar las actuaciones de
formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.
Los órganos gestores acometerán el pago de la prestación económica por cese de la
actividad conforme a las -Disposiciones contenidas en ese -CAPÍTULO, diferenciado entre Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social, Servicio Público
de Empleo Estatal e Instituto Social de la Marina.
En caso de que se obtengan resultados positivos de la gestión de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se establecen
dos tipos de reservas, una, dotada con al menos el 80 por ciento del total del excedente, que
quedará en la Mutua con la finalidad de garantizar la viabilidad financiera de la gestión de la
protección por cese de actividad del colectivo de trabajadores autónomos que gestiona. Otra,
dotada con hasta el 20 por ciento, estará en la Tesorería General de la Seguridad Social con
la finalidad de garantizar la suficiencia financiera del conjunto del sistema de protección por
cese de actividad de los trabajadores autónomos.
El -CAPÍTULO IV desarrolla las medidas de formación, orientación profesional y promoción
de la actividad emprendedora.
En cuanto a los recursos destinados a financiar las actuaciones de formación,
orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora, se concreta el sistema de
gestión, que establece como el Servicio Público de Empleo Estatal transfiere los recursos a
los distintos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, órganos
gestores de estas actuaciones, estableciendo una gestión de pago anticipado del 70 por
ciento de los ingresos en marzo del año que se van a gastar en las actuaciones señaladas y
un segundo pago, del 30 por ciento restante, a abonar en el mes de octubre.
Se regula la justificación del gasto y el destino de los remanentes no comprometidos de
los libramientos hechos efectivos en el ejercicio anterior, que serán devueltos al Servicio
Público de Empleo Estatal.
El -CAPÍTULO V contiene la regulación de las obligaciones de los trabajadores autónomos,
referencia a la normativa de aplicación en materia de infracciones y sanciones, y la
determinación del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, delimitando los
supuestos en que corresponde directamente al órgano gestor la declaración como indebida
de la prestación, en los que el órgano gestor comunicará a la Tesorería General de la
Seguridad Social la resolución declarando indebida la prestación, siendo de aplicación el
procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y

distinguiendo los casos en que corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina.
La -Disposición adicional primera establece la posibilidad de que el solicitante de la
protección por cese de actividad pueda acompañar a su solicitud cualquier documento que
estime oportuno para acreditar la concurrencia de la situación legal de cese de actividad ante
el órgano gestor correspondiente.
La -Disposición adicional segunda desarrolla la competencia sancionadora atribuyendo a
la Delegación del Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación
del Gobierno en la provincia en calidad de órganos territoriales de la Administración General
del Estado, la imposición de las sanciones por infracciones a los trabajadores autónomos o
por cuenta propia, en los casos en que las mismas afecten a la prestación por cese en la
actividad cuando la gestión corresponda a una Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
La -Disposición adicional tercera, recoge la modificación del Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, añadiendo un nuevo -Artículo 38 bis, sobre el procedimiento para
la imposición de sanciones a los trabajadores autónomos solicitantes o beneficiarios de la
prestación por cese de actividad, que se iniciará por acta de infracción de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
La -Disposición adicional cuarta responde al mandato establecido en la -Disposición
adicional decimocuarta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, en la que se propone se articule
un sistema de pago único de la prestación por cese de actividad. Dicho sistema queda
concretado en esta -Disposición para aquellos titulares del derecho, que tengan pendiente de
recibir la prestación por un período de, al menos, seis meses, y acrediten ante el órgano
gestor que van a realizar una actividad profesional como trabajadores autónomos o socios
trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter de
laboral.
Con esta regulación se favorece el autoempleo mediante el trabajo autónomo o la
participación como socio trabajador en cooperativas y sociedades laborales, apoyando
fundamentalmente la financiación de la inversión y los gastos por la cotización a la
Seguridad Social en el inicio de la actividad.
La -Disposición adicional quinta dispone la aplicación de este real decreto a los
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios,
con las características recogidas en aquella.
La -Disposición adicional sexta amplía el ámbito subjetivo de protección por cese de
actividad respecto a aquellos armadores de embarcaciones que prestan servicio a bordo de
la misma como el resto de la tripulación, enrolados en la misma como un tripulante más y
percibiendo un salario, los cuales por su condición de empresarios están excluidos de la
protección de desempleo.
La -Disposición adicional séptima sobre justificación y documentación a remitir por las
comunidades autónomas sin órgano fiscalizador, regula los casos en que la gestión que
realice la comunidad autónoma se lleve a efecto sin la concurrencia de órgano fiscalizador
por no disponer del mismo según su propia organización y competencias, en los cuales la
conformidad será dada por la persona responsable que tenga competencia de control
presupuestario o contable.
La -Disposición transitoria única establece como gastos de administración que podrán
imputar las Mutuas, aquellos que resulten necesarios para la puesta en marcha y desarrollo
del sistema de gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos,
tales como los derivados de implantar programas informáticos vinculados a la gestión de la
protección, de desarrollo y formación de sus recursos humanos y, en su caso, los de
comprobación y seguimiento de las situaciones protegidas.
La -Disposición final primera establece el título competencial de este real decreto, dictado
al amparo de la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la seguridad
social, atribuida al estado por el -Artículo 149.1.17.ª de la Constitución.
La -Disposición final segunda habilita a la persona titular del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias

financieras y de gestión, para dictar cuantas -Disposiciones o resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
La -Disposición final tercera establece la entrada en vigor el día siguiente a su publicación
en el «», con efectos de 1 de noviembre, salvo lo dispuesto en el
-Artículo 19, que tendrá efecto desde el 1 de enero de 2011 y la -Disposición adicional quinta
que entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
Este real decreto se dicta haciendo uso de la autorización prevista en la -Disposición final
tercera de la Ley 32/2010, de 5 de agosto. En el proceso de elaboración del proyecto, han
sido informadas las comunidades autónomas. Además, han sido consultadas las
asociaciones de trabajadores autónomos y las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas de ámbito estatal. Asimismo el Proyecto se ha informado por la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales el 29 de septiembre de 2011.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación previa
del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de
2011,
DISPONGO:-CAPÍTULO I
-Disposiciones generales
-Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto desarrollar reglamentariamente el sistema
específico de protección regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece
un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
-Artículo 2. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.
1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores
autónomos en los que concurran los requisitos siguientes:
a) Estar a la fecha del cese de actividad afiliados, en situación de alta y cubiertas las
contingencias profesionales y la de cese de actividad, en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como a los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
b) Solicitar la baja en el Régimen Especial correspondiente a causa del cese de
actividad.
c) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere
el -Artículo 12 de este real decreto, siendo computable a tal efecto el mes en el que se
produzca el hecho causante de la prestación.
d) Encontrarse en situación legal de cese de actividad.
e) Acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo, a través
de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad
emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo correspondiente,
mediante la suscripción del compromiso de actividad al que se refiere el -Artículo 231 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El compromiso de actividad se suscribirá a fin de realizar las actividades formativas, de
orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora antes señaladas y del
cumplimiento de las obligaciones especificas establecidas en el -Artículo 17.1.g) y h) de la
Ley 32/2010, de 5 de agosto.
f) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de
jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización
requerido para ello. A los efectos de acreditación de este requisito, para los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial del Mar, se considerará como edad ordinaria la inferior a
la establecida por la Ley que corresponda, por aplicación de los coeficientes reductores, de

conformidad con lo establecido en el -Artículo 1 del Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y en el Real Decreto
1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el -Artículo 161 bis de la Ley General
de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con
discapacidad en grado igual o superior al 45%, así como los que pudieran ser de aplicación
a los trabajadores por cuenta propia de cualesquiera otros regímenes o colectivos.
g) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas al correspondiente Régimen Especial de
la Seguridad Social en la fecha del cese de actividad.
En el supuesto de que el trabajador autónomo no se halle al corriente en el pago de las
cuotas, resultará de aplicación el -Artículo 28 del Decreto 2530/1970 de 20 de agosto, por el
que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, siempre que el trabajador autónomo realice el pago en el plazo
improrrogable de treinta días y tenga cubierto el período mínimo de cotización para tener
derecho a la protección.
Para justificar el ingreso de las cuotas dentro del plazo señalado, el trabajador autónomo
presentará ante el órgano gestor un certificado de la Tesorería General de la Seguridad
Social de estar al corriente en el pago de sus cuotas.
2. Cuando el trabajador autónomo tenga uno o más trabajadores a su cargo y concurra
alguna de las causas del -Artículo 5.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, será requisito previo
al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos
regulados en la legislación laboral, que será acreditado mediante declaración jurada del
trabajador autónomo.
En tales casos, se comunicará la extinción de la empresa o el cese temporal o definitivo
de su actividad a la Tesorería General de la Seguridad Social o al Instituto Social de la
Marina, así como las bajas en el correspondiente régimen de los trabajadores a su cargo en
los términos de los –Artículos 18 y 29.1 del Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
-Artículo 3. Situación legal de cese de actividad. Reglas especiales.
En desarrollo de lo establecido en el -Artículo 5 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se
establecen las siguientes normas:
a) En todo caso, el hecho causante se entenderá producido el último día del mes en que
tenga lugar la situación legal de cese de actividad.
b) En los casos de cese de actividad por concurrencia de motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos, se computarán las pérdidas derivadas del ejercicio de su
actividad en los períodos de referencia, a que se refiere el -Artículo 5.1.a).1.º de la Ley
32/2010, de 5 de agosto. En tales casos, se considerarán los que sean inmediatamente
anteriores al cese en la actividad, entendiendo su cómputo desde la concurrencia de la
causa de cese.
c) Las ejecuciones tendentes al cobro de las deudas a que se refiere el -Artículo 5.1.a).2.º
de la misma Ley deberán tener carácter judicial o administrativa.
d) A los efectos de esta prestación, se entenderá por fuerza mayor, una fuerza superior a
todo control y previsión, ajena al trabajador autónomo o empresario y que queden fuera de
su esfera de control, debida a acontecimientos de carácter extraordinario que no hayan
podido preverse o que, previstos, no se hubiesen podido evitar.
e) En los casos de cese de actividad como consecuencia del cese por el trabajador
autónomo de las funciones de ayuda familiar por separación matrimonial o divorcio, a que se
refiere el -Artículo 5.1.e), el hecho causante debe producirse en el plazo de seis meses
inmediatamente siguientes a la resolución judicial o acuerdo que establezca dicha
separación o divorcio.

-Artículo 4. Acreditación de la situación legal de cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.
1. En caso de alegar motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos el cese
de actividad se acreditará mediante una declaración jurada del solicitante de la prestación en
la que haga constar la causa del cese de actividad acompañada de la documentación que le
sirva de fundamento y acredite el motivo alegado.
Asimismo, cuando se aleguen motivos económicos se podrá acompañar documentación
fiscal relevante, caso de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o certificado de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o autoridad competente de las Comunidades Autónomas, en el que
se recojan los ingresos percibidos.
2. En caso de ejecuciones judiciales, se acreditarán mediante las resoluciones judiciales
que contemplen la concurrencia de la causa de cese. Si se tratara de ejecuciones
administrativas, la acreditación se realizará con las resoluciones administrativas dictadas al
efecto.
3. En caso de concurso se deberá aportar el auto por el que se acuerda el cierre de la
totalidad de las oficinas, establecimientos o explotaciones de que fuera titular el deudor, así
como, cuando ejerciera una actividad empresarial, el cese de ésta.
4. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por
aplicación de la -Disposición adicional vigésimo séptima del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, deberán acompañar, junto a la declaración jurada, además
de los documentos que considere necesarios, la siguiente documentación, en caso de que
estén obligados a formalizarla según la normativa específica:
a) En el supuesto de consejeros o administradores de la sociedad será requisito de
acceso a la prestación la acreditación del cese en la actividad de dichas funciones mediante
la aportación, entre otros documentos, del acuerdo adoptado en junta o de la inscripción de
la revocación del cargo en el Registro Mercantil.
b) En el caso de socios que presten otros servicios para la sociedad, documento que
acredite el cese en la prestación de los mismos y acuerdo de la junta, de reducción de
capital por pérdidas.
En ambos casos, se exigirá que haya disminuido el patrimonio neto de la sociedad por
debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital, o pérdidas derivadas del ejercicio de
su actividad, en un ejercicio económico completo, superiores al 30% de los ingresos, o
superiores al 20% en dos ejercicios económicos consecutivos y completos. En ningún caso
el primer año natural de inicio de la actividad computará a estos efectos.
5. Los profesionales libres que requieran colegiación para realizar su actividad
profesional por cuenta propia, además de lo recogido en el apartado primero de este -Artículo,
deberán acreditar el cese de actividad mediante certificado emitido por el Colegio Profesional
correspondiente, donde se haga constar tal circunstancia, que se acreditará bien mediante la
baja, o bien mediante la aportación del certificado de colegiado no ejerciente, ambos
expresando la fecha de efectos.
6. En el caso de cese de actividad por muerte del empresario titular del negocio, el
trabajador autónomo que venga realizando funciones de ayuda familiar en el negocio deberá
presentar, junto a la declaración jurada, certificado del Registro Civil que acredite el
fallecimiento.
Si el cese de actividad se produce como consecuencia de jubilación o incapacidad
permanente del titular del negocio, la Entidad Gestora u órgano gestor de la prestación por
cese de actividad solicitará del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando sea
necesario para el reconocimiento de la prestación, la información referente a la causa
alegada.
En los casos de establecimiento abierto al público, deberá quedar acreditado el cierre del
mismo en los términos previstos en el apartado siguiente.
7. En los casos de establecimiento abierto al público, e independientemente de lo
recogido en los apartados anteriores, el trabajador autónomo deberá acreditar el cierre del
mismo, mediante algunos de los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa del cese en el suministro y consumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en el establecimiento, tales como agua y
electricidad.
b) Documentación acreditativa de la extinción, cese o traspaso de las licencias, permisos
o autorizaciones administrativas que fueran necesarios para el ejercicio de la actividad.
c) Documentación acreditativa de la situación de baja como sujeto pasivo de las
obligaciones fiscales devengadas como consecuencia del ejercicio de la actividad en el
establecimiento.
d) Documentación acreditativa del cese en la titularidad de la propiedad, alquiler,
usufructo, traspaso o cualquier otro derecho que habilitara al ejercicio de la actividad en el
establecimiento.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial del Mar titulares
de embarcaciones deberán proceder a depositar el Rol de la misma en la correspondiente
Capitanía Marítima, lo que se acreditará con un certificado expedido a tal efecto.
-Artículo 5. Acreditación de la situación legal de cese de actividad por fuerza mayor.
Para que el órgano gestor declare la concurrencia de fuerza mayor determinante del
cese de actividad a los solos efectos del -Artículo 6.1.b) de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, el
trabajador autónomo acompañará a la declaración jurada, en la que deberá constar la fecha
de la producción de la fuerza mayor, la documentación en la que se detalle, mediante los
medios de prueba que estime necesarios, en qué consiste el suceso, su naturaleza
imprevisible, o previsible pero inevitable, su relación con la imposibilidad de continuar con la
actividad, indicando si la fuerza mayor es determinante del cese definitivo o temporal de la
actividad y en este último caso, la duración del cese temporal aunque sea estimada, y
cualesquiera otros aspectos que permitan al órgano gestor declarar tal circunstancia.
-Artículo 6. Acreditación de la situación legal de cese de actividad por pérdida de licencia
administrativa.
1. El trabajador autónomo acreditará el cese de actividad por pérdida de licencia
administrativa mediante resolución de la extinción de las licencias, permisos o autorizaciones
administrativas habilitantes para el ejercicio de la actividad, según la normativa vigente, en
las que conste expresamente el motivo de la extinción, y su fecha de efectos.
2. No serán consideradas a estos efectos, aquellas resoluciones en las que quede
acreditado que la pérdida de la licencia venga motivada por incumplimientos contractuales o
por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo
solicitante, u otros incumplimientos imputables al trabajador autónomo tendentes a la pérdida
voluntaria de su licencia.
-Artículo 7. Acreditación de la situación legal de cese de actividad en los casos de violencia
de género.
1. Las solicitudes de protección por cese de actividad en los casos de violencia de
género de las trabajadoras autónomas incluirán la declaración escrita de la solicitante de
haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional y en este último caso la
duración del cese temporal aunque sea estimada, e irán acompañadas de alguno de los
siguientes documentos: auto de incoación de diligencias previas, auto acordando la adopción
de medidas cautelares de protección a la víctima, auto acordando la prisión provisional del
detenido, auto de apertura de Juicio oral, la orden de protección o informe o escrito de
acusación del Ministerio Fiscal, o sentencia judicial condenatoria.
2. En los casos de trabajadoras autónomas económicamente dependientes, la
declaración personal de la trabajadora autónoma a la que se refiere el párrafo anterior podrá
ser sustituida por la comunicación escrita del cliente del que dependa económicamente, en
la que se hará constar el cese o interrupción de la actividad, sin perjuicio de que el resto de
documentación sea preceptiva, incluyendo además la comunicación ante el registro
correspondiente del Servicio Público de Empleo Estatal de la finalización del contrato con el
cliente.

En caso de que la trabajadora autónoma económicamente dependiente realizara actividades económicas o profesionales para otro u otros clientes, se deberá aportar la
documentación que acredite la finalización de las mismas.
3. Tanto la declaración como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual
se ha producido el cese o la interrupción.
-Artículo 8. Acreditación de la situación legal de cese de actividad por divorcio o acuerdo de
separación matrimonial.
A los efectos de acreditar la situación legal por cese de actividad por divorcio o acuerdo
de separación matrimonial del -Artículo 5.1.e) de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se entiende
por trabajador autónomo que ejerce funciones de ayuda familiar a aquél que no continúe
realizando su actividad en el negocio como consecuencia del divorcio o acuerdo de
separación familiar. En estos supuestos, el solicitante deberá aportar la resolución judicial o
acuerdo que corresponda, así como documentación correspondiente en la que se constate la
pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían
realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales.
-Artículo 9. Acreditación de la situación legal de cese de actividad en los trabajadores
autónomos económicamente dependientes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en este real decreto, los trabajadores autónomos
económicamente dependientes deberán acompañar a su solicitud, la comunicación
registrada en el Servicio Público de Empleo de la terminación del contrato con el cliente en
los términos del -Artículo 6.4 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se
desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos.
En aquellos casos en que la gestión de la prestación por cese de actividad corresponda
al Servicio Público de Empleo Estatal, éste verificará de oficio la comunicación registrada a
que se refiere el párrafo anterior disponible en el registro de los contratos de los trabajadores
autónomos económicamente dependientes.
2. En el caso de que el trabajador autónomo económicamente dependiente realice
actividades económicas o profesionales para otro u otros clientes distintos al principal,
deberá aportar la documentación que acredite la finalización de las mismas.
3. Sin perjuicio de la regla general prevista en los apartados anteriores, el cese de
actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, en los supuestos
que a continuación se relacionan, se podrá acreditar del modo siguiente:
a) En los casos de terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de
obra o servicio con el cliente, mediante lo dispuesto en el apartado uno de este -Artículo.
b) El incumplimiento contractual grave del cliente, mediante comunicación por escrito del
mismo en la que conste la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad,
mediante el acta resultante de la conciliación previa, o mediante resolución judicial.
c) La rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada del cliente se
acreditará mediante la comunicación escrita expedida por éste en un plazo de diez días
hábiles desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar el motivo alegado y la
fecha a partir de la cual se produce el cese de la actividad del trabajador autónomo.
d) La rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente,
se acreditará mediante comunicación expedida por éste en un plazo de diez días hábiles
desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar la indemnización abonada y la
fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la
conciliación previa o mediante resolución judicial con independencia de que la misma fuese
recurrida por el cliente.
e) La muerte, incapacidad o jubilación del cliente, se acreditará mediante certificado de
defunción del Registro Civil, o comunicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social
acreditativa del reconocimiento de la pensión de jubilación o incapacidad permanente,
cuando tal circunstancia no le conste a la entidad gestora u órgano gestor de la prestación,
así como por la comunicación expedida por el cliente en la que se haga constar la rescisión
de la relación como consecuencia de la jubilación o incapacidad permanente.

En los supuestos de las letras c), d), y e) en caso de no producirse la comunicación por escrito, el trabajador autónomo podrá solicitar al cliente, dejando la debida constancia, que
cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez días hábiles desde la solicitud el cliente no
responde, el trabajador autónomo económicamente dependiente podrá acudir al órgano
gestor informando de dichas situación, aportando copia de la solicitud realizada al cliente y
solicitando le sea reconocido el derecho a la protección por cese de actividad.
-Artículo 10. Acreditación de la situación legal de cese de actividad por los trabajadores
autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente, por los socios trabajadores,
y aspirantes a socios en periodo de prueba, de las de cooperativas de trabajo asociado.
1. A los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente les
será de aplicación lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las particularidades
recogidas en la -Disposición adicional séptima de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, para la
documentación necesaria para acreditar el cese de actividad en cada uno de los casos.
2. Las situaciones legales de cese de actividad de los socios trabajadores y aspirantes a
socios en periodo de prueba de las cooperativas de trabajo asociado serán las establecidas
en la -Disposición adicional sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, y se acreditarán de
acuerdo con las normas recogidas en el apartado segundo de dicho precepto y mediante los
siguientes documentos:
a) La expulsión improcedente de la cooperativa, mediante la notificación del acuerdo de
expulsión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración
correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliación
judicial o la resolución definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente la
improcedencia de la expulsión.
b) Las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, por parte de la
sociedad cooperativa de acuerdo con lo previsto en el -Artículo 4.1. Asimismo, se deberá
aportar certificación literal del acuerdo de la Asamblea General o, en su caso, del Consejo
Rector si así lo establecen los Estatutos por el que se designa los socios trabajadores
concretos que deben causar baja en la cooperativa.
Si el cese de actividad de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo
asociado comporta el cierre del establecimiento abierto al público deberá acreditarse tal
extremo de acuerdo con lo previsto en el -Artículo 4.7 del presente real decreto.
c) La fuerza mayor, en la misma forma descrita en el -Artículo 5.
d) La finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración
determinada, mediante certificación del Consejo Rector u órgano de administración
correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos.
e) El cese de actividad por causa de violencia de género en las socias trabajadoras, en
la forma prevista en el -Artículo 7.
f) El cese de actividad por extinción o revocación de licencia administrativa de la
cooperativa, conforme a lo indicado en el -Artículo 6.
g) El cese de actividad del aspirante a socio durante el período de prueba, mediante
comunicación de no admisión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de
administración correspondiente.
-CAPÍTULO IIRégimen de la protección
-Artículo 11. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
1. La solicitud del reconocimiento del derecho se realizará en la misma Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que se
tenga cubierta las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y se deberá acompañar con la aportación de los documentos que en este real
decreto se indican.
En el supuesto de trabajadores autónomos que tengan cubierta dicha protección con el
Instituto Social de la Marina, la solicitud se realizará ante dicha entidad. En el supuesto de

trabajadores que tengan cubiertas dichas contingencias con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la solicitud se realizará ante el Servicio Público de Empleo Estatal.
En todos estos supuestos el reconocimiento dará derecho al disfrute de la
correspondiente prestación económica, a partir del primer día del mes siguiente a aquel en
que se produjo el hecho causante del cese de actividad, en los términos contenidos en el
-Artículo 3.a) del presente real decreto. Cuando el trabajador autónomo económicamente
dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al disfrute
de la prestación no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el
cobro de la misma.
2. El reconocimiento del derecho a la protección por la situación legal de cese de
actividad se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de
actividad, mediante la cumplimentación del impreso de solicitud y la aportación de los
documentos que en este real decreto se indican para cada supuesto.
3. En caso de presentación de dicha solicitud transcurrido el plazo fijado en el apartado
anterior, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos exigidos
legalmente, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en
que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que se llevó a cabo tal presentación.
En los casos de solicitud fuera de plazo el derecho nacerá a partir del día de
presentación de la solicitud.
4. Una vez presentada la solicitud con la documentación correspondiente, el órgano
gestor requerirá al trabajador autónomo para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane
los defectos que se observen o aporte los documentos preceptivos no presentados con el fin
de acreditar la situación legal de cese de actividad.
5. El órgano gestor resolverá, en el plazo de 30 días hábiles desde que reciba la solicitud
con toda la documentación preceptiva, el derecho a la prestación mediante decisión del
órgano gestor en la que consten expresamente el período de percepción de la prestación y
su cuantía mensual, así como la posibilidad de formular reclamación previa siempre ante el
propio órgano gestor antes de acudir ante el órgano jurisdiccional del orden social
competente, o la posibilidad de acudir directamente a la vía jurisdiccional en los supuestos
en los que no sea preceptiva la reclamación previa ante el órgano gestor, con indicación en
todo caso del plazo de interposición.
En la decisión del órgano gestor se incluirá el requerimiento al trabajador para que
comparezca, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la misma, ante el Servicio
Público de Empleo correspondiente, a fin de formalizar su inscripción en el mismo, si no la
hubiera efectuado previamente, a los efectos de cumplir las exigencias del compromiso de
actividad suscrito según lo dispuesto en el -Artículo 2.1.e).
Asimismo se le advertirá de que si no se inscribiera en el plazo indicado, se considerará
que no ha hecho efectivo el compromiso de actividad, lo que será causa de anulación de la
decisión del órgano gestor y de reintegro, en su caso, de las prestaciones indebidamente
percibidas, sin perjuicio, de que, en el supuesto de que se inscribiera fuera de ese plazo,
pueda formular una nueva solicitud.
6. El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes
inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, entendiendo aquél en
los términos contenidos en el -Artículo 3.a), siempre que se hubiere solicitado en forma y en
el plazo previsto en el apartado 2.
Si la solicitud se presenta una vez transcurrido el plazo fijado, se aplicará a la cotización
a la Seguridad Social el mismo descuento de días que figura en el apartado 3 de este
-Artículo.
7. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su
relación con el cliente principal y tuviera actividad con otros clientes, el pago y la cotización
de la prestación se efectuará a partir de la finalización de dichas actividades.
8. El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado el
derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo
reconocimiento siempre que concurran los requisitos legales y hubiesen transcurrido por lo
menos dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la prestación por el
órgano gestor.
Si el trabajador autónomo reúne todos los requisitos exigidos salvo el del transcurso de
18 meses desde el mes del nacimiento del derecho anterior, podrá solicitar el derecho en los

15 días hábiles siguientes al de cumplir ese plazo y, en ese caso el derecho a la prestación y a la cotización a la Seguridad Social nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la
solicitud.
Si se solicita fuera del plazo indicado se producirá el descuento del periodo que medie
entre el día en que terminó el plazo de solicitud y el día en el que se presentó la solicitud.
-Artículo 12. Duración de la prestación económica.
1. La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos
de cotización previstos en el -Artículo 8 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, exigiendo que, al
menos, doce meses sean continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de
cese, tomando en consideración a tales efectos el mes en que se produzca la misma.
2. La duración reconocida no se ampliará por el hecho de que el trabajador cumpla 60
años durante la percepción de la prestación.
3. En ningún caso se podrá aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de
actividad y de cotizaciones por desempleo.
4. La duración de la protección se reconocerá en meses y se consumirá por meses,
salvo cuando concurran situaciones de descuento, reducción o reanudación de la prestación
en las que el consumo de la duración de la prestación, y la cotización a la Seguridad Social,
se podrá efectuar por días, considerando a esos efectos que cada mes está integrado por 30
días. No obstante, si la reanudación se produce por el cese de actividad en el trabajo
autónomo el consumo de la duración y la cotización a la Seguridad Social se efectuará por
meses.
5. Los períodos de duración de la prestación recogidos en la -Disposición adicional
primera de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, serán de aplicación en aquellos casos en los que
el trabajador autónomo tenga 60 años cumplidos en el momento de producirse el hecho
causante del cese de actividad.
6. No se podrá aplicar el cómputo reciproco de cotizaciones por cese de actividad entre
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y el Régimen Especial de Trabajadores del
Mar.
-Artículo 13. Cuantía de la prestación económica por cese de actividad.
1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio
de las bases por las que se hubiera cotizado durante los doce meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese, computando a tal efecto el mes
completo en el que se produzca esa situación.
2. Para fijar la cuantía máxima o mínima de la prestación en los términos recogidos en el
-Artículo 9 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) La carencia de rentas de los hijos a cargo se presumirá en el caso de que éstos no
realicen trabajos por cuenta propia o ajena o bien realizándolos no obtengan por ellos
retribuciones iguales o superiores a las fijadas en el -Artículo 9.2 de la ley 32/2010, de 5 de
agosto.
b) No será necesaria la convivencia cuando el trabajador declare que tiene obligación de
alimentos en virtud de convenio o resolución judicial, o que sostiene económicamente al hijo.
c) La cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad reconocida, se
modificará por la variación en el número de hijos a cargo durante la percepción de la
prestación.
d) A aquellos colectivos que conforme a las -Disposiciones que desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social hayan elegido una base mínima de cotización inferior a la
base mínima ordinaria de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
no les resultará de aplicación la cuantía mínima de la prestación por cese de actividad
prevista en el -Artículo 9.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
-Artículo 14. Abono de la cotización de Seguridad Social durante la percepción de la
prestación por cese de actividad.
1. Dentro de la acción protectora del sistema de protección por cese de actividad, el
abono de la cotización por contingencias comunes incluirá la incapacidad temporal. El abono

de la cotización a la Seguridad Social se efectuará por los mismos periodos en los que se percibe la prestación económica por cese de actividad.
2. La base de cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de actividad
corresponde a la base reguladora de la prestación por cese de actividad, en los términos
establecidos en el apartado primero del -Artículo 9 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, sin que,
en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior al importe de la base mínima o base
única de cotización vigente en el correspondiente régimen y de acuerdo con las
circunstancias específicas concurrentes en el beneficiario.
Aquellos colectivos que, durante la actividad, coticen por una base reducida, en línea con
lo establecido en el -Artículo 13.2.d), cotizarán por una base de cotización reducida, durante
la percepción de la prestación por cese de actividad.
3. Cuando la violencia de género sea determinante del cese temporal o definitivo de la
actividad de la trabajadora autónoma y la duración de la protección por cese de actividad sea
superior a seis meses, la entidad u órgano gestor iniciarán la cotización a la Seguridad
Social a partir del séptimo mes, sin perjuicio de que los seis primeros serán considerados
como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social, según
dispone el -Artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
-Artículo 15. Suspensión y reanudación del derecho a la protección.
1. El derecho a la protección por cese de actividad se suspenderá y reanudará de
acuerdo con lo establecido en el -Artículo 10 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, y con arreglo
a las siguientes reglas:
a) En los casos en que la suspensión del derecho a la prestación de cese de actividad se
produzca por la realización de un trabajo por cuenta ajena, el trabajador deberá haber
cesado involuntariamente en el trabajo para la reanudación de la prestación.
A efectos de la suspensión o de la extinción del derecho a la protección del cese de
actividad, se considerará trabajo toda actividad, que genere o pueda generar retribución o
ingresos económicos, por cuenta ajena o propia, incompatibles con esta protección.
b) En virtud de lo dispuesto en el -Artículo 11.1.f) de la Ley 32/2010, 5 de agosto, el
derecho a la protección por cese de actividad quedará suspendido en los supuestos de
traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la
búsqueda o realización de trabajo, o perfeccionamiento profesional, o cooperación
internacional, por un periodo continuado inferior a doce meses, sin perjuicio de la aplicación
de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la Unión Europea.
En otro caso, el traslado de residencia al extranjero incumpliendo alguno de los requisitos
anteriores supondrá la extinción del derecho.
También, suspenderá el derecho la salida ocasional al extranjero por tiempo no superior
a 30 días naturales por una sola vez cada año, siempre que esa salida esté previamente
comunicada y autorizada por el órgano gestor.
En otro caso, la salida ocasional al extranjero incumpliendo los requisitos anteriores
supondrá la extinción del derecho.
2. Cuando se hubiera suspendido el derecho a la protección por cese de actividad por
cualquier causa, se podrá reanudar la prestación y la cotización a la Seguridad Social
siempre que se solicite en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al de la finalización de
dicha causa:
a) Si la suspensión del derecho se produjo por el trabajo por cuenta propia, el trabajador
deberá acreditar que el cese en dicho trabajo constituye situación legal de cese de actividad.
En ese caso el derecho a reanudación de la prestación y a la cotización a la Seguridad
Social nacerá a partir del día primero del mes siguiente al del cese de actividad.
b) Si la suspensión del derecho se produjo por cualquier otra causa, el trabajador deberá
declarar que ha finalizado la causa de suspensión y aportar la documentación justificativa
que le requiera el órgano gestor. En ese caso el derecho a la reanudación de la prestación y
a la cotización a la Seguridad Social nacerá a partir del día siguiente al de la finalización de
la causa de suspensión.

3. Cuando la solicitud de reanudación se presente fuera del plazo antes indicado el derecho a la reanudación de la prestación y de la cotización a la Seguridad Social nacerá a
partir del día de presentación de la solicitud, con descuento del periodo que medie entre el
día en el que terminó el plazo de solicitud y el día en el que se presentó la solicitud.
4. La reanudación supondrá el derecho a percibir la prestación por cese de actividad que
restase por la cuantía reconocida en el momento del nacimiento del derecho, así como de la
cotización a la Seguridad Social por la base reguladora correspondiente al nacimiento del
derecho.
5. En los casos de suspensión por sanción no procederá la reanudación cuando esa
sanción haya supuesto la reducción y pérdida del período de percepción hasta el
agotamiento de la duración del derecho.
-Artículo 16. Opción y reapertura del derecho a la protección por cese de actividad.
1. Cuando el derecho a la protección por cese de actividad se extinga por la realización
de un trabajo por cuenta propia y el trabajador autónomo opte una vez incurso en una nueva
situación de cese de actividad por reabrir el derecho inicial, en los términos del -Artículo 11.2
de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Las cotizaciones que generaron la protección por cese de actividad por la que no se
hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho a esa
protección posterior.
b) La reapertura supondrá el derecho a percibir la prestación inicial por cese de actividad
que restase, por la cuantía reconocida en el momento del nacimiento del derecho, así como
la cotización a la Seguridad Social por la base reguladora correspondiente al nacimiento del
derecho inicial.
c) El derecho a la reapertura de la prestación y a la cotización a la Seguridad Social
nacerá a partir del día primero del mes siguiente al del cese de actividad.
2. En los supuestos de ejercicio del derecho de opción del -Artículo 11.2 de la Ley
32/2010, de 5 de agosto, el trabajador autónomo en el plazo de los 15 días hábiles
siguientes a la comunicación de la decisión del órgano gestor aprobatoria de la protección
por cese de actividad generada por el último trabajo por cuenta propia realizado, podrá optar
expresamente por escrito ante el órgano gestor por la protección por cese de actividad
anterior. En otro caso se considerará ejercida la opción por la última protección de cese de
actividad reconocida.
No obstante, el trabajador podrá optar expresamente por escrito el órgano gestor en el
momento de la solicitud, en cuyo caso se procederá directamente a reconocer el derecho
elegido.
3. La opción formulada expresamente o por transcurso del plazo será irrevocable.
-Artículo 17. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.
1. En los casos del -Artículo 13.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, en que el hecho
causante de la protección por cese de actividad se produzca mientras el trabajador
autónomo se encuentre en situación de incapacidad temporal, la cotización a cargo del
órgano gestor se realizará exclusivamente a partir de la fecha en la que se inicie el pago de
la prestación por cese de actividad y por el período de la misma que reste hasta su extinción.
En estos casos, y en desarrollo a lo dispuesto en el -Artículo 17.1.c) de la misma Ley, el
trabajador autónomo tendrá la obligación de comunicar y acreditar la situación de cese de
actividad al órgano gestor que abona la prestación de incapacidad temporal dentro de los 15
días siguientes al que se produce el cese de actividad.
La solicitud de la protección por cese de actividad debe hacerse una vez extinguida la
incapacidad temporal, acreditando la situación legal de cese de actividad ante la entidad u
órgano gestor de esa protección en los 15 días hábiles siguientes al día de extinción de la
Incapacidad.
2. En el supuesto previsto en el -Artículo 13.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, que el
hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca cuando el trabajador
autónomo se encuentre en situación de maternidad o paternidad, una vez que se extinga la
prestación por maternidad o paternidad se podrá solicitar en el plazo de los 15 días hábiles

siguientes la protección por cese de actividad y siempre que se reúnan los requisitos exigidos, el derecho nacerá al día siguiente al de extinción de la prestación de maternidad o
paternidad.
3. Cuando el beneficiario esté percibiendo la protección por cese de actividad y pase a la
situación de maternidad o paternidad, se interrumpirá la prestación y la cotización a la
Seguridad Social y pasará a percibir esas prestaciones gestionadas directamente por su
órgano gestor. Una vez extinguida la prestación por maternidad o por paternidad el ente
gestor de dichas prestaciones lo comunicará al órgano gestor de la protección por cese de
actividad que reanudará de oficio esa protección por la duración, cuantía y cotización a la
Seguridad Social pendiente en el momento de la suspensión.
-CAPÍTULO III
Régimen financiero y gestión del sistema de protección por cese de actividad
-Artículo 18. Financiación de la protección por cese de actividad.
La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la
cotización por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran protegida la
cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
-Artículo 19. Régimen financiero.
1. En virtud de lo establecido en el -Artículo 15.1 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, una
vez que, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se conozca para cada
mes el importe ingresado en concepto de cotización por cese de actividad del trabajador
autónomo, se procederá sin más trámite al reparto de dicho importe entre los entes gestores
de dicho sistema de protección, en base a las reglas previstas en los apartados siguientes
de este -Artículo.
2. La Tesorería General de la Seguridad Social, del importe mensual efectivamente
ingresado por la cotización por cese de actividad del trabajador autónomo, procederá a
descontar el 1 por ciento de dicho importe en concepto de financiación de las medidas de
formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora a que se
refiere el -Artículo 14.4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Una vez descontado dicho importe,
el mismo será transferido al Servicio Público de Empleo Estatal para que, por este último, se
proceda a distribuir dicha financiación entre los diferentes Servicios Públicos de Empleo de
las Comunidades Autónomas, tanto en el caso de Comunidades Autónomas con régimen de
financiación común, como en el caso de Comunidades Autónomas con régimen foral, así
como al Instituto Social de la Marina, en base a lo establecido en el apartado 4 del -Artículo
14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
Los créditos con los que se financiarán estas medidas, no tendrán el carácter de fondos
de empleo de ámbito nacional, a que se refiere el -Artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, por lo que no será de aplicación lo establecido en el -Artículo 86.2 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sobre la territorialización anual
para su gestión por las Comunidades Autónomas.
3. Una vez practicado el descuento previsto en el apartado anterior, la Tesorería General
de la Seguridad Social procederá a abonar el resto del importe ingresado por la cotización
por cese de actividad del trabajador autónomo a los órganos gestores del sistema de
protección por cese de actividad de las prestaciones a que se refieren el -Artículo 3.a) y b) de
la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
-Artículo 20. Pago de la prestación y cotización a Seguridad Social.
1. Los órganos gestores de la prestación económica por cese de actividad, para el pago
de la misma, confeccionarán mensualmente una nómina de perceptores donde se incluirán,
entre otros datos, la identificación de los beneficiarios, el importe integro, las retenciones y el
importe líquido a satisfacer a cada uno de ellos. Una vez aprobada la nómina por cada
órgano gestor competente, éste procederá a su abono, condicionado a la existencia de
financiación de acuerdo con lo establecido en el -Artículo 22.

El pago de la prestación por cese de actividad se realizará por mensualidades de treinta días, o por los días que correspondan del mes, en todo caso dentro del mes inmediato
siguiente al que corresponde su devengo.
Si el órgano gestor es el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la
Marina, el pago de la prestación se realizará, preferentemente, mediante el abono en la
cuenta de la entidad financiera colaboradora de la red de pago de la Tesorería General de la
Seguridad Social indicada por el solicitante, de la que sea titular.
El derecho al percibo de cada mensualidad de la prestación por cese de actividad
caduca al año de su respectivo vencimiento.
2. La Tesorería General de la Seguridad Social, mensualmente, informará a los órganos
gestores de la prestación económica por cese total de la actividad, del importe de la
cotización a la Seguridad Social que, con respecto a los beneficiarios de dicha prestación,
deben satisfacer dichos órganos gestores.
El ingreso de las cuotas a que se refiere el párrafo anterior por los órganos gestores, se
realizará mediante compensación por la Tesorería General de la Seguridad Social a través
de la cuenta de relación, y en la misma recaudación en que se efectúa dicha compensación,
se trasladará a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social el importe bruto relativo a la incapacidad temporal por contingencias
comunes que corresponda.
No obstante, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá al ingreso efectivo
de las cantidades citadas en el -Artículo 19.2 cuando así se requiera motivadamente por el
Servicio Público de Empleo Estatal, siempre que este organismo careciera de la liquidez
suficiente para hacer efectivo el libramiento de fondos establecido en el -Artículo 24.
-Artículo 21. Reservas y excedentes.
1. Para cada ejercicio presupuestario finalizado, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades
Profesionales de la Seguridad independientemente del resto de contingencias que gestionan, el resultado económico
obtenido como consecuencia de la gestión del sistema de protección por cese de actividad.
Dicho resultado se determinará por la diferencia entre ingresos y gastos vinculados a
dicho sistema de protección, en base a las reglas de contabilidad analítica que se
determinen por la Intervención General de la Seguridad Social.
2. El resultado positivo obtenido de dicha gestión se destinará exclusivamente a la
constitución de las siguientes reservas:
a) Reservas de estabilización por cese de actividad en las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Cada Mutua destinará a la
dotación de su correspondiente reserva, al menos, el 80 por ciento del resultado positivo
obtenido en cada ejercicio presupuestario cerrado, y que tendrá como finalidad garantizar la
viabilidad financiera de la gestión de la protección por cese de actividad del trabajador
autónomo. Cada Mutua, materializará dicha reserva en la misma forma y condiciones
establecidas para la reserva por contingencias profesionales.
b) Reserva por cese de actividad en la Tesorería General de la Seguridad Social. Las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
destinarán a la dotación de esta reserva el porcentaje que cada año establezca el Ministerio
de Trabajo e Inmigración en la orden de cotización anual, del resultado positivo obtenido en
cada ejercicio presupuestario cerrado, sin que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser
superior al 20 por ciento del mencionado resultado. Esta reserva tiene como finalidad
garantizar la suficiencia financiera del sistema de protección por cese de actividad del
autónomo.
Social deberán determinar, -Artículo 22. Viabilidad financiera del sistema de protección por cese de actividad.
En el supuesto de que en algún momento de un ejercicio presupuestario se diese la
circunstancia de que algún órgano gestor de las prestaciones previstas en las letras a) y b)
del apartado 1 del -Artículo 3 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, careciese de financiación
para sufragar el importe de las mismas, se actuará siguiendo las siguientes reglas:

a) En caso de una Mutua, deberá aplicar en primer lugar su propia reserva de estabilización por cese de actividad para financiar el sistema de protección por cese.
b) En el supuesto de que la Mutua carezca de reserva de estabilización por cese de
actividad o que una vez aplicada la misma, sea insuficiente se procederá por la Mutua
respectiva a solicitar con la debida motivación a la Tesorería General de la Seguridad Social,
el libramiento de fondos con cargo a la Reserva por cese de Actividad en dicha entidad, de la
financiación necesaria para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de este
sistema de protección. En este sentido aquellas mutuas que prevean tener que recurrir a
esta reserva lo comunicarán a la Tesorería General de la Seguridad Social antes de finalizar
el mes de septiembre de cada ejercicio. La Tesorería General de la Seguridad Social, una
vez tenga conocimiento de dichas solicitudes y previa autorización del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, procederá a librar, en su caso proporcionalmente al total solicitado, los fondos
a las correspondientes a las distintas Mutuas.
c) Las Mutuas que recurran a la reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social
no aplicarán lo establecido en el -Artículo 21 hasta que no hayan reintegrado, con cargo al 80
por ciento del resultado positivo obtenido las cantidades detraídas de dicha reserva.
d) En el caso del Servicio Público de Empleo Estatal, se aplicará el remanente de
tesorería afectado a la cobertura de los gastos financiados mediante la cotización de cese de
actividad, tramitando a estos efectos, la oportuna modificación presupuestaria.
e) En la determinación del tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de
actividad a que se refiere el -Artículo 14.3 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se tendrá en
cuenta, además de la previsión de ingresos correspondientes al ejercicio para el que se fije
el tipo, la posible desviación entre los ingresos previstos y los realizados hasta esa fecha.
-CAPÍTULO IV
Medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora
-Artículo 23. Órganos gestores de las medidas de formación, orientación profesional, y
promoción de la actividad emprendedoras.
El diseño, desarrollo y gestión de las medidas de formación, orientación profesional, y
promoción de la actividad emprendedora corresponderá a los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas o al Servicio Público de Empleo Estatal, respecto de los
trabajadores autónomos que hubieran cesado en su actividad inscritos en las oficinas de
empleo de su ámbito territorial.
-Artículo 24. Libramientos a las Comunidades Autónomas.
1. La distribución de fondos que haya de realizarse a los Servicios Públicos de Empleo
de las Comunidades Autónomas, como órganos gestores de las medidas de formación,
orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora a las que se refiere el
-Artículo 23 de este real decreto, se llevará a efecto a través de dos libramientos anuales: el
primero, del 70 por ciento de la cuantía estimada para cada ejercicio, en el mes de marzo y,
el segundo, del 30 por ciento restante de la estimación anual, en el mes de octubre. No
obstante, el Servicio Público de Empleo Estatal no procederá a realizar el segundo de los
libramientos mencionados hasta que las Comunidades Autónomas no justifiquen la ejecución
del 50 por cien de los fondos inicialmente abonados.
2. La estimación de la cuantía para cada Comunidad Autónoma se efectuará en
proporción al número de beneficiarios que vayan a gestionar en el respectivo ámbito
territorial, de acuerdo con lo previsto en el -Artículo 14.4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
La solicitud de la habilitación de los libramientos se cursará por el responsable de la gestión
autonómica mediante escrito, dirigido al Servicio Público de Empleo Estatal, con
especificación del montante de fondos.
El cálculo de los beneficiarios a gestionar por cada Servicio Público de Empleo se
determinará en proporción a los beneficiarios de la prestación por cese de actividad
existentes en cada territorio en el ejercicio inmediatamente anterior al que se haga efectivo el
primero de los libramientos antes citados. No obstante, en el primer ejercicio en que se

proceda a realizar los libramientos antes mencionados, se tomará en consideración el número de cotizantes de esta contingencia desde la entrada en vigor de la Ley 32/2010, de 5
de agosto, al 31 de diciembre de 2010, al no existir beneficiarios de la prestación por cese de
actividad en el ejercicio inmediatamente anterior.
El Servicio Público de Empleo Estatal, en el mes de febrero de cada ejercicio,
comunicará a los Servicios Público de Empleo Autonómicos el montante de los fondos que
corresponde a cada uno, incluyendo, en su caso, las cantidades que correspondan por
regularización, de acuerdo con lo señalado en el apartado siguiente, así como el número de
beneficiarios existentes en cada territorio en el ejercicio anterior. Para ello, se habilitarán los
mecanismos necesarios de intercambio de información entre el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. Las diferencias entre las cantidades libradas en cada ejercicio en proporción a los
beneficiarios inicialmente previstos, existentes en cada territorio en el ejercicio anterior y los
beneficiarios que realmente hayan existido en cada territorio será objeto de regularización en
los libramientos a realizar a cada Comunidad Autónoma en el ejercicio siguiente.
4. El montante de los libramientos queda condicionado a la disponibilidad del crédito
autorizado en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
destinado para su financiación.
-Artículo 25. Justificación y documentación a remitir por las Comunidades Autónomas al
Servicio Público de Empleo Estatal.
1. Finalizado el ejercicio, y con anterioridad al 31 de marzo del siguiente año, las
Comunidades Autónomas remitirán al Servicio Público de Empleo Estatal un estado
comprensivo de los créditos asignados, entendiendo por tales los libramientos realizados en
el ejercicio anterior, de los compromisos de gastos contraídos, de las obligaciones
reconocidas y de los pagos realizados por las medidas de formación, orientación profesional,
y promoción de la actividad emprendedora gestionadas, así como, de existir, de los
reintegros de las medidas financiadas con los libramientos de ejercicios anteriores que se
hubieran llevado a cabo. Dicha documentación será suscrita por el responsable de la gestión
de las medidas, al que dará su conformidad el Interventor de la Comunidad Autónoma que
haya realizado la función fiscalizadora.
2. Además de la documentación señalada en el apartado anterior, las Comunidades
Autónomas remitirán al Servicio Público de Empleo Estatal información sobre las medidas
aplicadas, los trabajadores beneficiarios de las mismas, y la ejecución realizada, con el
desglose y por los medios y en los plazos que se determinen en la correspondiente
resolución de libramiento de fondos, que tendrá en cuenta en todo caso lo dispuesto en el
apartado 1 del -Artículo anterior.
3. El Servicio Público de Empleo Estatal no procederá al libramiento solicitado por la
respectiva Comunidad Autónoma en tanto no se cumplan cualquiera de los siguientes
requisitos:
a) Las Comunidades Autónomas hayan justificado la ejecución de los fondos librados en
el ejercicio inmediatamente anterior en los términos expuestos en este -Artículo.
b) Las Comunidades Autónomas hayan justificado el reintegro de los remanentes no
comprometidos o de los gastos comprometidos en ejercicios anteriores que finalmente no
hubieran dado lugar a obligaciones reconocidas en los términos expuestos en el -Artículo
siguiente.
-Artículo 26. Remanentes.
1. Los remanentes no comprometidos de los libramientos hechos efectivos en el ejercicio
anterior serán devueltos por las Comunidades Autónomas al Servicio Público de Empleo
Estatal antes del 31 de marzo del año inmediatamente posterior. Dicha devolución, que se
materializará mediante el correspondiente ingreso en la cuenta oficial del Servicio Público de
Empleo Estatal situada en el Banco de España, se acreditará mediante certificación suscrita
por el responsable de la gestión de las subvenciones y el Interventor/a actuante que haya
fiscalizado el gasto y en su defecto, la persona responsable que tenga competencia de
control presupuestario o contable, de acuerdo a lo mencionado en el -Artículo 24 de este real
decreto, en la que conste el montante de los libramientos, el gasto comprometido y el

remanente no comprometido, según anexo que al efecto se incorpore a la resolución de concesión de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
hagan efectivos los libramientos.
Asimismo, deberán materializar, por el mismo procedimiento descrito en el párrafo
anterior, la devolución de las cantidades obtenidas como reintegros por la respectiva
Comunidad Autónoma, cuando se refieran a medidas financiadas con los fondos descritos
en el -Artículo 24 del presente real decreto.
2. La cuantía de gastos comprometidos en un ejercicio que no hubiera sido objeto de
pago efectivo en el ejercicio siguiente, deberá ser objeto de devolución al Servicio Público de
Empleo Estatal por el mismo procedimiento mencionado en el punto anterior y con
anterioridad al 31 de marzo del ejercicio inmediatamente posterior al que se hubiera debido
de realizar el citado pago efectivo. El Servicio Público de Empleo Estatal incluirá un anexo en
la resolución de concesión antes mencionada a los efectos de comprobar el cumplimiento de
esta obligación por las Comunidades Autónomas.
3. De no realizarse la devolución en la forma y plazos señalados en los párrafos
anteriores, el Servicio Público de Empleo Estatal iniciará el correspondiente procedimiento
de reintegro con sujeción a las prescripciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el reglamento para su desarrollo aprobado por el
real decreto 887/2006, de 21 de julio.
-Artículo 27. Colaboración entre los órganos gestores y con otras entidades.
1. Los órganos gestores de la protección por cese de actividad y los Servicios Públicos
de Empleo correspondientes deberán cooperar y colaborar, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, para la aplicación de las medidas específicas de formación, orientación
profesional, y promoción de la actividad emprendedora previstos en la Ley 32/2010, de 5 de
agosto.
Los Servicios Públicos de Empleo competentes aplicarán a los beneficiarios de la
protección por cese de actividad las acciones específicas a que se refiere el -Artículo 3.2 de la
Ley 32/2010, de 5 de agosto, y verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas
para esos beneficiarios en el -Artículo 17.1.g) y h) de la Ley 32/2010, de 5 de agosto,
debiendo comunicar los incumplimientos de dichas obligaciones a los órganos gestores de la
protección del cese de actividad correspondiente, en el momento en que se produzcan o
conozcan. A estos efectos, los Servicios Públicos de Empleo podrán requerir en cualquier
momento la comparecencia de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.
2. Para la gestión de las prestaciones a que se refiere el apartado anterior, las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social comunicarán
mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal las resoluciones que se hayan dictado
reconociendo al trabajador autónomo las prestaciones a que se refiere el -Artículo 3.1.a) y b)
de la Ley 32/2010 de 5 de agosto. Dicha comunicación se realizará en la forma y con el
contenido que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, que dará traslado de la
misma, conjuntamente con la información derivada de la gestión realizada por el Servicio
Público de Empleo Estatal, a los respectivos Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
-Artículo 28. Órganos gestores de la protección por cese de actividad.
1. La tramitación de la protección por cese de actividad corresponderá a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que el
trabajador tenga concertada la cobertura de la protección por cese de actividad en el
momento del cese o en su caso al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de
la Marina, si en ese momento tiene cubiertas las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales respectivamente, con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, o con el Instituto Social de la Marina.
2. La tramitación de la suspensión, de la reanudación o la reapertura y de la extinción del
derecho corresponde al mismo órgano gestor que reconoció el derecho.

-CAPÍTULO VRégimen de obligaciones, infracciones y sanciones
-Artículo 29. Obligación de cumplimiento del compromiso de actividad y de inscripción en los
Servicios Públicos de Empleo.
Los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad deberán
cumplir las exigencias del compromiso de actividad, en los términos contemplados en el
-Artículo 2.1.e), a fin de cumplir las obligaciones especificas establecidas en el -Artículo 17.1.g)
y h) de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
A estos efectos, los beneficiarios deberán estar a -Disposición del Servicio Público de
Empleo correspondiente, para lo cual deberán inscribirse y permanecer inscritos en el mismo
durante el periodo de percepción de la prestación por cese de actividad. Dicha inscripción
deberá efectuarse en los términos del -Artículo 11.5. La inscripción quedará recogida en el
marco del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo previsto en el -Artículo
7 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre.
-Artículo 30. Infracciones.
En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2010, de 5
de agosto y en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En todo caso, lo establecido en los –Artículos 24.3 y 25.4 del Texto Refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, se referirá a los requisitos y obligaciones
específicos establecidos en los –Artículos 4.c) y 17.1.g) y h), de la Ley 32/2010, de 5 de
agosto.
-Artículo 31. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1. De conformidad con lo establecido en la -Disposición adicional quinta de la Ley
32/2010, de 5 de agosto, acerca del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas,
corresponde al órgano gestor la declaración como indebida de la prestación, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se incumpla lo dispuesto en el -Artículo 17.1.h) de la Ley 32/2010, de 5 de
agosto.
b) Cuando sea revocado el derecho a la prestación por cese de actividad.
c) En los supuestos en los que las prestaciones hayan sido indebidamente percibidas
como consecuencia de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como por la
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario.
d) En los demás supuestos en los que se produzca cualquier situación que genere un
cobro indebido.
2. El órgano gestor comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social la decisión
declarando indebida la prestación, siendo de aplicación el procedimiento previsto en el
-Artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, para el reintegro de prestaciones
indebidamente percibidas.
3. En los casos en los que la gestión del cese de actividad corresponda al Servicio
Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, en relación con la exigencia de
reintegro de las prestaciones indebidas, se procederá de la siguiente forma:
a) Cuando la prestación por cese de actividad sea indebida como consecuencia de la
revisión del derecho previamente reconocido, o por otras causas, y el deudor sea
simultáneamente acreedor de la prestación por cese de actividad, se aplicará lo previsto en
los –Artículos 2 y 5 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el
Procedimiento especial para el Reintegro de las Prestaciones de la Seguridad Social
indebidamente percibidas, en lo que no se oponga a lo indicado sobre la compensación o
descuento de la deuda siguiente:
El órgano gestor, para resarcirse de las cantidades indebidamente percibidas, podrá
efectuar las correspondientes compensaciones o descuentos en la misma prestación por

cese de actividad o en la prestación por cese de actividad posterior por todo el importe de la deuda sobre toda la cuantía de dichas prestaciones.
b) En los casos en los que no se pueda aplicar el procedimiento especial de
compensación o descuento anterior, o aplicándolo no sea posible cancelar la deuda, se
aplicará lo establecido en el -Artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
-Artículo 32. Aplicación a presupuestos.
Los importes ingresados procedentes de reintegros de pagos indebidos se imputarán al
Presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de
las obligaciones satisfechas en cualquier caso.
-Disposición adicional primera. Documentación adicional.
Sin perjuicio de la documentación que se recoge en este real decreto, el solicitante de la
protección por cese de actividad podrá acompañar a su solicitud cualquier documento que
estime oportuno para acreditar la concurrencia de la situación legal de cese de actividad ante
el órgano gestor correspondiente.
-Disposición adicional segunda. Desarrollo de la competencia sancionadora.
En desarrollo a lo dispuesto en el -Artículo 48.4 bis del Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, en la redacción dada por la -Disposición final segunda de la Ley 32/2010, de
5 de agosto, la imposición de las sanciones por infracciones a los trabajadores autónomos o
por cuenta propia, en los casos en que las mismas afecten a la prestación por cese en la
actividad cuando la gestión corresponda a una Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, corresponderá a la Delegación del
Gobierno si la Comunidad Autónoma es uniprovincial o a la Subdelegación del Gobierno en
la provincia en calidad de órganos territoriales de la Administración General del Estado. Las
resoluciones sancionadoras serán recurribles ante el Ministro de Trabajo e Inmigración.
-Disposición adicional tercera. Modificación del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo.
El Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones en el orden social para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, queda modificado como sigue:
Uno. El título del -CAPÍTULO VII queda redactado del siguiente modo:
«Procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de los
solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social y de
trabajadores autónomos solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de
actividad.»
Dos. Se añade un nuevo -Artículo 38 bis con la siguiente redacción:
«-Artículo 38 bis. Procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores
autónomos solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad.
1. El procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores
autónomos solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad se
iniciará por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. El contenido de las actas, así como la tramitación y resolución del
procedimiento sancionador se ajustarán a lo previsto en el -CAPÍTULO III de este
Reglamento para procedimientos sancionadores iniciados en el ámbito de la
Administración General del Estado, sin perjuicio de las particularidades previstas en
este -Artículo.

3. Instruido el expediente, el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo elevará con la propuesta de
resolución al órgano competente para dictar la resolución. En el caso de que la
gestión de la prestación corresponda a una Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, se le comunicará la propuesta de resolución, para su
conocimiento.
4. En el caso de infracciones muy graves, se remitirá, en su caso, por el Jefe de
la Unidad Especializada propuesta de suspensión cautelar del disfrute de la
prestación, sobre la que deberá pronunciarse el órgano competente para resolver.
Dicho acuerdo de suspensión supondrá la interrupción del abono de la prestación
económica y de la cotización a la Seguridad Social.
En el supuesto en que la gestión de la prestación por cese de actividad
corresponda a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social, el órgano competente para resolver, remitirá copia del
acuerdo de suspensión cautelar al órgano gestor para que proceda a hacer efectiva
la misma, suspensión que se mantendrá hasta la resolución definitiva del
procedimiento sancionador.
5. Las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores serán
susceptibles de recurso ante el Ministro de Trabajo e Inmigración. Dichas
resoluciones serán también comunicadas al Jefe de la Unidad Especializada de
Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se
hubiera iniciado el procedimiento sancionador correspondiente.
6. Cuando la gestión de la prestación corresponda a una Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, el órgano competente
para resolver, comunicará la resolución a dicho órgano gestor.»
-Disposición adicional cuarta. Pago único de la prestación por cese de actividad.
(Derogada).
-Disposición adicional quinta. Trabajadores por cuenta propia agrarios.
1. Lo previsto en este real decreto será de aplicación a los trabajadores incluidos en el
Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, que reúnan los requisitos
previstos en el -Artículo 4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, con las especialidades previstas
en esta -Disposición.
2. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores
que cesen definitivamente en el ejercicio de su actividad por alguna de las situaciones
siguientes:
a) Pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en los términos previstos en el -Artículo
5.1.a).1.º de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
b) Por ejecuciones judiciales o administrativas para el cobro de deudas por el importe
previsto en el -Artículo 5.1.a).2.º de la Ley 32/2010, de 5 de agosto
c) Por declaración judicial de concurso.
d) Por muerte, jubilación o incapacidad permanente del titular del negocio en el que el
trabajador por cuenta propia agrario venga realizando funciones de ayuda familiar.
e) Por fuerza mayor.
f) Por pérdida de la licencia administrativa.
g) Por la violencia de género determinante del cese de la actividad de la trabajadora.
h) Por divorcio o separación matrimonial en el supuesto que el trabajador por cuenta
propia agrario ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge.
3. Se considera situación legal de cese de actividad cuando los trabajadores cesen
temporalmente en el ejercicio de su actividad, exclusivamente en los siguientes supuestos:
a) Cuando por causa de fuerza mayor se realice un cambio de cultivo o de actividad
ganadera, durante el periodo necesario para el desarrollo de ciclo normal de evolución del
nuevo cultivo o ganadería.

b) Cuando por causa de fuerza mayor se produzca daño en las explotaciones agrarias o ganaderas, durante el tiempo imprescindible para la recuperación de las mismas.
c) Durante el periodo de erradicación de las enfermedades en explotaciones ganaderas.
d) Por violencia de género determinante del cese temporal de la actividad de la
trabajadora por cuenta propia agraria.
4. La pérdida de la condición de comunero de las comunidades de bienes o de socio de
sociedades de cualquier naturaleza, incluidos en el Sistema especial para trabajadores por
cuenta propia agrarios, sólo devengará derecho a la prestación cuando se acredite que el
cese de la actividad es debido a las pérdidas económicas recogidas en el -Artículo 5.1.a) de
la Ley 32/2010.
5. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia
agrarios que tengan la obligación de cotizar conforme a la Ley 32/2010, iniciarán la
cotización, el 1 de enero de 2012.
-Disposición adicional sexta. Ámbito subjetivo de protección por cese de actividad.
Aquellos armadores de embarcaciones que, independientemente de su condición de
empresarios de dicha embarcación, prestan servicio a bordo de la misma como el resto de la
tripulación, enrolados en la misma como un tripulante más y percibiendo una parte del Monte
Menor, si la retribución es a la parte, o un salario, como el resto de los tripulantes, quedarán
incluidos dentro de la protección por cese de actividad.
-Disposición adicional séptima. Justificación y documentación a remitir por las
Comunidades Autónomas sin órgano fiscalizador.
En los casos del -Artículo 25 del presente real decreto en que la gestión que realice la
Comunidad Autónoma se lleve a efecto sin la concurrencia de órgano fiscalizador
(Interventor) por no disponer del mismo según su propia organización y competencias en
materia de ejecución presupuestaria, contable y financiera, la conformidad será dada por la
persona responsable que tenga competencia de control presupuestario o contable, dejando
constancia de dicha circunstancia mediante la reseña expresa de la -Disposición normativa
que así lo ampare, con referencia a su publicación en el diario oficial de la Comunidad
Autónoma.
-Disposición transitoria única. Gastos de administración imputables por las Mutuas.
Las Mutuas podrán imputar como gastos de administración aquellos que resulten
necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del sistema de gestión de la prestación por
cese de actividad de los trabajadores autónomos, tales como los derivados de la puesta en
funcionamiento de nuevos programas informáticos, de desarrollo y formación de sus
recursos humanos y, en su caso, los de comprobación y seguimiento de las situaciones
protegidas, ello sin perjuicio de la aplicación a partir de su aprobación de las reglas de
contabilidad analítica que se establezcan, mediante la correspondiente Resolución de la
Intervención General de la Seguridad Social, previstas en este real decreto.
-Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de régimen
económico de la seguridad social, atribuida al estado por el -Artículo 149.1.17.ª de la
Constitución.
-Disposición final segunda. Ejecución y desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas
-Disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Asimismo, se faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias
financieras y de gestión, para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de
este real decreto, incluyendo documentación informativa sobre las obligaciones del

trabajador autónomo en los casos que tenga trabajadores por cuenta ajena a su cargo y solicite la protección por cese en la actividad.
-Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«», con efectos de 1 de noviembre, salvo lo dispuesto en el -Artículo
19, que tendrá efecto desde el 1 de enero de 2011 y la -Disposición adicional quinta que
entrará en vigor el 1 de enero de 2012.
Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.El Ministro de Trabajo e Inmigración,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es

 

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